Blanco se persona ante el Supremo para conocer las acusaciones de la juez de Lugo
El ministro de Fomento quiere poder conocer las actuaciones y ejercer su derecho de defensa
El ministro de Fomento, José Blanco, ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para poder personarse en el procedimiento abierto contra él por la juez número 3 de instrucción de Lugo, Estela San José, por un supuesto delito de tráfico de influencias del que ha dado traslado al alto tribunal.
Blanco, a través de su abogado, el penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, ha solicitado ser parte en el procedimiento y que se le de traslado de las actuaciones de la juez enviadas al Supremo.
El Supremo mantiene en secreto la documentación enviada por la juez de Lugo, que tras ser registrada fue remitida a la Secretaria de Causas Especiales, que se ocupa de las causas contra aforados.
Una vez recibida la documentación de la juez, el trámite habitual es pasarla al Ministerio Fiscal para que informe sobre si el Supremo es competente y sobre si los hechos revisten caracteres de delito. Aunque el Supremo tradicionalmente elude tramitar las causas contra aforados en campaña electoral, no se descarta que en esta ocasión pueda iniciar los trámites, dado que la actuación de la juez San José, remitiendo unos supuestos indicios contra Blanco el mismo día del inicio de la campaña, perjudica claramente al ministro de Fomento.
Una vez que la Fiscalía del Supremo emite su informe sobre competencia y fondo del asunto, la Sala se pronuncia sobre la admisión de las actuaciones. Es en ese momento en el que puede admitirlas a trámite o reenviarlas a la juez San José para que siga investigando, si considera que los indicios son insuficientes para cursar al Congreso un suplicatorio en solicitud de autorización para proceder contra el ministro de Fomento.La Sala de Admisión está compuesta este trimestre por el presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar y Francisco Monterde.
El supuesto tráfico de influencias se refiere a las imputaciones contra el ministro vertidas por el empresario Jorge Dorribo en el curso de una investigación contra éste por intentar conseguir subvenciones fraudulentas. El empresario manifestó que habían pagado 200.000 euros a un primo de Blanco, Manuel Bran, y que el ministro se habría comprometido a hacer gestiones para obtener subvenciones de de los ministerios de Sanidad y Hacienda a favor de empresas de Dorribo. Sin embargo, amabas solicitudes fueron denegadas. Tras prestar declaración ante la juez, Dorribo consiguió la libertad en agosto pasado.
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