Del 20-O al 20-N

Hecho público justo un mes antes de la fecha de las elecciones generales, el documento de ETA del 20-O anunciando “el cese definitivo de su actividad armada” ha sacudido la atonía de una precampaña dominada hasta ese momento por la moral de victoria del PP y el intento del candidato del PSOE de movilizar a la izquierda. El perfecto control de los tiempos mostrado por los organizadores de la llamada Conferencia de la Paz convocada en San Sebastián, donde un grupo de “facilitadores internacionales” solicitó a ETA esa decisión, adoptada por la “organización socialista revolucionaria vasca de liberación universal” en un tiempo récord de tres días, prueba su autoría de ese apretado calendario.

Seguramente el principal objetivo de ese escalonamiento de fechas ideado por el sector de la izquierda abertzale procedente de la antigua Batasuna liderado por Otegi, que ejerce en estos momentos el mando sobre ETA y hegemoniza el espacio electoral del independentismo radical, ha sido potenciar al máximo las posibilidades electorales de Amaiur, la nueva coalición soberanista que no sólo heredará el 20-N los resultados logrados por Bildu en los comicios municipales y forales del 22-M (un total de 315.000 votos del País Vasco y Navarra), sino que también arramblará con los sufragios de Aralar. Y si Bildu —alianza de la antigua Batasuna, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba para los comicios locales— obtuvo el 22-M una cuarta parte de los votos en el conjunto de los cuatro territorios forales (con el 35% en Guipúzcoa y el 13% en Navarra), no es demasiado arriesgado suponer que Amaiur podría situarse a la cabeza de las fuerzas políticas del País Vasco y Navarra y obtener un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados y varios senadores.

De conseguir tales objetivos, la Conferencia de Aiete y la respuesta afirmativa dada tres días después por ETA a su petición de “cese definitivo de su actividad armada” habrían sido decisivas. Los segmentos del electorado que permanecieron fieles a Batasuna desde su ilegalización en 2003 —expresándolo en las urnas mediante el voto nulo o el respaldo a segundas marcas como ANV o EHAK— sin que su adhesión al brazo político de ETA les plantease problemas morales, ideológicos y políticos irresolubles, no tienen motivos para cambiar de criterio; el documento del 20 de octubre puede ser leído alternativamente por los militantes con fe de carbonero como un abandono definitivo de la actividad armada o condicionado a los satisfactorios resultados del “diálogo directo” con los gobiernos de España y Francia para resolver “las consecuencias del conflicto” (la suerte de los presos y su rehabilitación) y “la superación de la confrontación armada” cuya solución definitiva exigiría “el reconocimiento de Euskal Herria”, esto es, la unificación y la soberanía del País Vasco, Navarra y los tres territorios franceses.

A esa reserva de sufragios incondicionales en los momentos peores de la disuelta Batasuna (nunca bajaron de 100.000) se sumaron en los comicios municipales y forales del 22-M las papeletas de refresco entregadas a Bildu por antiguos votantes de EA, Alternatiba y sectores sociales moderados dentro del marco de legalidad dada a la coalición independentista desde el Constitucional. Las elecciones del 20-N podrían sumar a Amaiur una tercera franja de respaldo: los votantes que deseen premiar simbólicamente a Amaiur por su contribución al viraje público dado aparentemente por ETA en su último comunicado.

El giro hacia el abandono de la violencia y la adopción de vías políticas exclusivamente pacíficas promovido por el sector mayoritario de la izquierda abertzale identificado con Otegi ha sido una consecuencia de la eficacia policial y judicial del Estado de derecho para combatir a una ubicua organización terrorista dotada de cierto arraigo social y con sólidas bases de reagrupación transfronterizas. Los tres superpuestos estratos del voto a favor de ese viraje reflejan en parte el pluralismo territorial, social, ideológico, cultural y político del País Vasco y Navarra, fundamento y exigencia del sistema democrático. A los coaligados de Bildu y de Amaiur corresponderá demostrar con sus comportamientos la capacidad de respetar las reglas de juego del régimen pluralista, que no se limitan a prohibir el asesinato, los atentados, las extorsiones y la kale borroka, sino que también incluyen la garantía de los derechos humanos, el respeto a los adversarios y el cumplimiento de las leyes.

Pero también es conveniente recordar que la Constitución de 1978, la jurisprudencia del alto tribunal encargado de interpretarla y la Corte Europea de Estrasburgo reconocen a la oposición legitimidad para promover todo tipo de reformas legales —incluidas las propuestas independentistas— siempre que no recurra a la violencia ni pretenda instaurar un sistema antidemocrático.