Reválida obligatoria para los políticos sospechosos

De los 726 delegados acreditados en la “asamblea de convocatoria social” —al final acudieron unos 600—, 225 no militan en IU, según la organización. Esa apertura a otros colectivos ha tenido su plasmación en el programa (aprobado por 433 votos a favor y diez abstenciones). Y sus riesgos: ciertas medidas incluidas a última hora desconciertan a algunos dirigentes de IU, según admitieron varios de ellos. Otras ya estaban en el borrador inicial, como la nacionalización del transporte, la energía, la comunicación y la banca, o la salida de España de la OTAN.

» Revocatorio a cargos públicos a mitad de mandato. Es una de las propuestas incorporadas ayer, a imitación de la legislación venezolana. Los cargos públicos tendrían que someterse a unas segundas elecciones a mitad de mandato si un grupo de ciudadanos o un partido recogen un número suficiente de firmas (a determinar) para pedirlo. Exigiría una reforma de la Constitución.

» Salario medio para los políticos. “Proponemos que el salario de los políticos sea igual al salario medio interprofesional”, anunció Adoración Guamán al presentar la parte del programa relativa a democracia. Más tarde admitió que la propuesta —que también es nueva— tendría que ser matizada, entre otras cosas porque no todos los políticos pueden cobrar lo mismo. El salario medio en España ronda los 22.000 euros, según el INE.

» Acortar las diferencias entre sueldos. El sueldo más alto de una empresa no podrá superar en más de 3,5 veces el sueldo más bajo. Y ningún cargo público cobrará más que el presidente del Gobierno. Control público de los salarios de los directivos de bancos.

» Contra el fraude. En materia fiscal, además del plan ya anunciado por IU, se propone una tasa especial para “patrimonios de injustificable adquisición”; penas más elevadas por evasión fiscal y la prohibición de deducir sueldos por encima de los 90.000 euros en el impuesto de sociedades.

» Control del déficit no, gasto social sí. Sacar de la Constitución el límite máximo de déficit pactado por PP y PSOE e introducir, en cambio, un “PIB mínimo de gasto social”. La jubilación, a los 60 años.

» Ley de obsolescencia programada. Combatir la estrategia de las empresas que sacan al mercado productos cuyo tiempo de vida útil ya está planificado para forzar el consumo.