El caos en las votaciones obliga a suspender el debate del Parlament

El caos en la organización de las resoluciones del debate de Política General del Parlamento catalán ha obligado esta tarde a aplazar hasta mañana las votaciones. La presidenta de la cámara, Núria de Gispert, en el marco de la Junta de Portavoces ha optado por posponer la votación después de haberse visto obligada a suspender la sesión en dos ocasiones porque ni la Mesa ni los diputados se aclaraba sobre qué tenían que votar en las 600 proposiciones resultantes del debate de Política General.

La puntilla a una sesión que ya había resultado caótica la ha puesto el diputado de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, quien ha pedido votación separada de las más de 100 propuestas de resolución de su partido. Esto ha arrastrado a votar también separadamente centenares de resoluciones del resto de partidos. En total, 1.012.

El diputado de Solidaritat Catalana y otros han pedido la votación párrafo a párrafo de todas las propuestas

La presidenta ha suspendido definitivamente la sesión cuando se habían votado apenas cinco resoluciones en 15 minutos. La petición inicial de suspensión fue solucitada por el diputado del PP, Enric Millo: “A este ritmo tardaremos 50 horas”, ha lanzado. Núria de Gispert ha pedido a los partidos que agrupens las resoluciones para poder votarlas mañana al mediodía.

La sesión sí ha dado tiempo a votar la propuesta de resolución pactada por CiU y ERC en defensa del concierto económico. La resolución establece que la nueva financiación de Cataluña debe basarse en una "relación bilateral" entre la Generalitat y el Gobierno central, que implique que el Ejecutivo catalán tenga competencias en recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos generados en Cataluña. Una vez la actual comisión de estudio del pacto fiscal que trabaja en el Parlamento finalice sus trabajos, eso es la última semana de octubre, se creará otro grupo de trabajo para fijar la cuota que la Generalitat debería pagar al Estado por la prestación de servicios comunes.

La principal novedad es que CiU y ERC han pactado una inconcreta fórmula para intentar que se pueda celebrar una consulta ciudadana sobre el concierto económico. Para evitar que el Gobierno pueda impedir un referéndum, el Ejecutivo catalán se compromete a presentar antes de tres meses un proyecto de ley que regule los instrumentos de cosulta popular más allá de la figura del referéndum. El objetivo sería dar cobertura legal a una consulta.

El Partit dels Socialistes (PSC) ha votado en contra después de que su portavoz, Laia Bonet, pidiera, sin éxito, a CiU y a ERC que retiraran la propuesta de resolución hasta que culminase sus trabajos la comisión de estudio del concierto económico, algo que se prevé para el 30 de octubre. El PP ha llegado más lejos y ha asegurado que, con la aprobación de esta resolución, el Gobierno y ERC “revientan” la comisión parlamentaria en la que los populares han participado activamente. ICV también se ha desmarcado parcialmente de la propuesta de ERC y CiU pese a defender la consulta ciudadana.

El portavoz adjunto de CiU, Ramon Espadaler, ha defendido la resolución como un arma para salir de la crisis. “Necesitamos tener una mejor financiación con un sistema basado en el concierto económio y que nos dé capacidad económica para salir de la crisis y disfrutar de más y mejor autogobierno”.