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Cinco años investigando el chivatazo... y vuelta a empezar

Tres jueces no han podido reunir pruebas del ‘caso Faisán’

Pablo Ruz, magistrado de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, magistrado de la Audiencia Nacional

Una cosa es radicalmente cierta en el caso Faisán, porque está grabada y tres policías la escucharon en directo: que el 4 de mayo de 2006, a eso de las 11.30, Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, se subió en su coche y le contó a su yerno, Carmelo Luquín, que un policía (un “madero” de la “txakurrada”) le había avisado de que ambos iban a ser detenidos en una operación contra el aparato de extorsión de ETA. El aviso se lo habían dado, se jactó Elosua, “para no fastidiar el proceso”, es decir, el llamado proceso de paz que en esas fechas estaba en marcha entre el Gobierno y ETA. Tras cinco años de investigación con tres jueces instruyendo el caso, tras cinco años en el que el asunto se ha convertido en un arma política arrojadiza, poco más se sabe: ni quién fue, ni cómo ni siquiera si lo que dijo Elosua era verdad.

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dice fundamentalmente esto último: que aquel día pasó algo en Irún que “reviste indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito”, pero que para procesar a tres personas como supuestos autores de ello —al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros— hace falta algo más, pruebas o indicios suficientes. Y si Ruz quiere sostener el procesamiento debe investigar más para hallarlos o acusar a otros. O archivar porque no encuentra nada.

La decisión de la sala, de hecho, supone devolver el caso a sus orígenes, cuando el juez Fernando Grande-Marlaska —quien entonces sustituía a Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5— fue informado del chivatazo por el entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información, el comisario José Cabanillas.

La primera decisión del juez fue encargar la investigación de la supuesta delación al entonces inspector jefe Carlos Germán, que era precisamente quien tenía encomendada la operación contra el aparato de extorsión presuntamente frustrada y que fue señalado por su superior, Cabanillas, como uno de los principales sospechosos del chivatazo. La operación acabó desarrollándose un mes y medio después, y Elosua fue detenido.

La causa del chivatazo —ya convertida en ariete del PP para arremeter contra el Gobierno y, especialmente, contra Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior— pasó posteriormente a manos de Garzón, cuando este regresó de su estancia en Nueva York. El caso ralentizó su paso y estuvo varias veces al borde de la extinción: la fiscalía ya pidió en 2009 el archivo del asunto al no apreciar claros indicios incriminatorios. Por aquel entonces, Elosúa había sido incapaz de identificar en varias ruedas de reconocimiento a la persona que, según su propio relato del chivatazo, le había puesto en la oreja un teléfono móvil a través del que otra persona le había dado el soplo.

Cuando Garzón fue suspendido de su puesto en mayo de 2010 por investigar los crímenes del franquismo, el caso pasó a una nueva mano, el juez Pablo Ruz, quien reactivó la pesquisa, mientras arreciaban las críticas contra Garzón, al que se acusaba de haber metido el asunto en un cajón para beneficiar al Gobierno. Ruz decidió llevar la investigación hasta donde pudiera. A través de una procelosa investigación sobre el tráfico de llamadas en la zona del chivatazo —pesquisa de la que fueron excluidos los teléfonos de todo el equipo de Carlos Germán—, el equipo de investigación —ratificado por tres jueces y cuyas tesis fueron dadas por buenas por la fiscalía de la Audiencia Nacional— montó una teoría.

La tesis era que el inspector Ballesteros —que estaba en Irún ese día y merodeó por el Faisán— había sido la persona que le había puesto el teléfono en la oreja a Elosua y que a través de ese aparato el comisario Pamiés le había dado el chivatazo. Soplo que, supuestamente, le había encomendado Víctor García Hidalgo, quien había dejado de ser director general de la Policía de forma súbita y no exenta de polémica el 8 de septiembre de 2006. García Hidalgo y Pamiés son amigos, hablaban casi a diario. Ballesteros era uno de los hombres de confianza de Pamiés, una especie de fontanero, de hombre para todo.

Los tres han negado en todo momento, incluso con indignación, que hubieran sido ellos los autores del delito (de esa chapuza, han llegado a decir, porque fue un chivatazo de aficionados). Lo único que les señalaba era el tráfico de llamadas entre ellos en los momentos anterior y posterior del chivatazo.

Sesenta y cuatro meses después, con tres jueces de por medio y decenas de sesiones en el Congreso de gresca entre el PP —dirigidas por Ignacio Gil Lázaro— y Rubalcaba, la sala de lo Penal ha dado parcialmente la razón a los procesados: los indicios contra ellos no son suficientes.

El sumario contiene datos para abrir la pesquisa a decenas de personas. Pero, según fuentes jurídicas y policiales, todo lo más que se podrá conseguir son “nuevos indicios” similares a los que ya están en manos del juez Ruz. Y en sus manos está decidir si sigue investigando.