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EL SUMARIO DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA

El juez bloquea 40 millones a los imputados del ‘caso Astapa’

Hacienda detecta un agujero de 20 millones por tasaciones a la baja en cuatro convenios urbanísticos. La policía pide datos a más de 100 empresas

Los investigadores hacen balance del caso Astapa: 40 millones de euros bloqueados en cuentas de implicados, 1.800 construcciones que no se pueden vender, 50 vehículos, una yeguada de 38 caballos intervenidos…Los últimos informes incluidos en la macrocausa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) intentan aportar una visión panorámica de este inmanejable proceso que acumula 99 imputados en sus cuatro años de instrucción. Un escrito fechado en diciembre de 2010 estima que la policía ha solicitado información sobre esta trama corrupta a más de 100 empresas, la mayoría hoteles, bancos o constructoras. Sus datos les han permitido concluir que el Ayuntamiento y los partidos políticos organizaban eventos y estancias que pagaban terceras empresas o que los principales investigados manejaban grandes cantidades de metálico.

Un arquitecto de la Agencia Tributaria, experto en valoraciones inmobiliarias, ha detectado la pérdida de más de 20 millones de euros por valoraciones hechas a la baja en cuatro convenios urbanísticos. Se trata de los convenios de El Ángel, por el que el Consistorio esteponero dejó de ingresar 649.332 euros; otro acuerdo con Valle Romano (7,2 millones), el convenio de Arroyo Enmedio Este (10,4 millones) y el acuerdo de Camino del Cerrillar (3,7).

El 1 de junio, el fiscal Valentín Bueno hablaba en un escrito de una “sistemática infravaloración de los aprovechamientos” urbanísticos, a lo que une “numerosas irregularidades en materia de disciplina urbanística” o “contratos y facturas fraudulentas” en perjuicio de la empresa municipal Empladus. Según el fiscal, la familia del exgerente de urbanismo de Estepona, Pedro López Fernández, todavía no ha podido acreditar el origen legal de los 10 millones de euros que los investigadores han bloqueado en cuentas de Andorra. La madre, el padre y el hermano del cargo de confianza del partido posgilista PES están implicados por blanqueo de capitales.

Según el sumario, sobre el que el juez Jesús Torres ha levantado el secreto total recientemente, el grupo de crimen organizado y blanqueo de capitales de la Policía de Andorra también estaba investigaba a la familia del exgerente urbanístico.

Los investigadores ya han entregado informes centrados en los principales implicados del caso, como el exedil José Ignacio Crespo, líder de la formación posgilista Partido de Estepona (PES). En sus conclusiones, aseguran haber encontrado una “prueba indiciaria” de que recibió un pago de 40.000 euros de una empresa con intereses urbanísticos en Estepona con la intermediación de su esposa, Inmaculada Conde. La empresa es Proincosta SL, que firmó en 2005 el convenio Cortijo de Enmedio. Según la Policía, ese mismo año pagó una factura de muebles para el domicilio del matrimonio por ese mismo importe.

El escrito incide en el alto nivel de vida de la familia Crespo Conde y en que manejaban una gran cantidad de dinero en metálico. Entre esos gastos en efectivo detallan 100.000 euros en préstamos personales hechos al hermano y la madre de Crespo entre 2004 y 2005, 134.000 euros en compras de muebles entre 2005 y 2008 o 100.000 euros del pago de unas obras entre 2004 y 2005.

La Agencia Tributaria investiga a más de 120 sociedades y personas y la Policía continúa analizando 160 cajas de documentación y 100 soportes informáticos.

Los agentes inciden en el alto nivel de vida del exconcejal José Ignacio Crespo

“¿Un millón, dos? Lo que sea”

“¿Qué queréis un millón? dos, los que que sea, vamos es que se firma inmediatamente (...) pero darnos la licencia, con la cautela de la fianza, porque lo queda es mínimo”. Uno de los imputados del caso Astapa que ha pasado desapercibido hasta el momento debido al secreto sumarial ha sido José Antonio Arcos Moya, expresidente de Caja Jaén. Según el fiscal Anticorrupción, Valentín Bueno, sobran indicios para imputarle una participación relevante en los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, en base a las maniobras y pagos que rodearon la concesión en 2007 por parte del Ayuntamiento de Estepona de una licencia de primera ocupación para un edificio promovido por la Reserva de Selwo Golf SL, participada por la entidad financiera que Arcos Moya presidía por entonces.

 

El 26 de septiembre de 2007, los investigadores grabaron una conversación telefónica de Arcos Moya con José Flores, jefe de gabinete del Ayuntamiento esteponero en la que, según las conclusiones policiales, “estaría ofreciendo pagar al Ayuntamiento la cantidad que fuera necesaria para que la licencia se le concediera, cumpliera o no con los requisitos”.

Arcos Moya asegura que en esa conversación “habló de depositar una fianza”. “Ha habido un sesgo en la transcripción (...) La frase está fuera de contexto”, declaró ayer a EL PAÍS. El exdirectivo añadió que “tenía los poderes limitados a lo que dictase el Consejo de Administración” y que, en su tiempo en la caja “nunca” ha firmado un solo talón.