El Estado reclama investigar el delito fiscal en actos electorales del PP

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha pedido al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, que se investiguen los delitos contra la Hacienda Pública cometidos por empresas privadas en la Comunidad Valenciana al financiar actos electorales del PP.

Esas sociedades (constructoras, promotoras inmobiliarias y prestadoras de distintos servicios) financiaron a través de la red Gürtel mítines de dirigentes populares, entre ellos algunos en los que intervino el propio Mariano Rajoy.

La Abogacía del Estado se queja en su escrito de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptara el pasado junio investigar numerosos delitos (electoral, cohecho, prevaricación, falsedad documental...) pero no el de fraude fiscal en relación con la actuación de distintas empresas en sus tratos con la Comunidad que presidía Francisco Camps y con el PP valenciano durante las campañas de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales).

Los jueces valencianos aceptaron asumir este caso, que les remitió desde Madrid el juez Pedreira al estar implicados en el mismo varios diputados autonómicos del PP, pero rechazaron aceptar la parte correspondiente a los delitos contra la Hacienda Pública. Los jueces valencianos entendían que esos supuestos delitos los habrían cometido empresarios al no declarar a Hacienda su actividad económica pero al no ser parlamentarios y por tanto, no estar aforados, el Tribunal Superior carecía de competencias para investigar ese aspecto.

La Abogacía del Estado teme que esta decisión impida a la Agencia Tributaria reclamar lo que le corresponde por el delito que, de momento, nadie parece querer investigar.

El Abogado del Estado que firma el escrito, Edmundo Bal Francés, sostiene: “Parece probable que las mismas conductas que han constituido los primeros delitos [electoral, cohecho, prevaricación, falsedad documental...], hayan, en su consumación, provocado los hechos imponibles, la generación de riqueza que han constituido por su no declaración a la Agencia Tributaria, las defraudaciones en que consisten los segundos”. En la Comunidad Valenciana, según la investigación judicial, al menos cinco empresas a las que el Gobierno de Francisco Camps adjudicaba contratos, pagaron actos electorales del PP. Para hacerlo buscaron un mecanismo opaco consistente en ingresar el dinero en las cuentas de Orange Market (filial valenciana de la red Gürtel) como si se tratara del pago de unos servicios a esa sociedad que en realidad nunca se hicieron, según la investigación. Orange Market, a su vez, se encargaba de montar el acto del PP, que esta formación política no le pagaba pues el dinero llegaba de las empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. En otros casos, los pagos a Orange Market se hacían en b, según la investigación ha descubierto a través de los documentos incautados a las empresas de la trama y las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los directivos de la red Gürtel y algunos dirigentes del PP valenciano.

El Abogado del Estado está convencido de que las diligencias de investigación que acuerde el Tribunal de Valencia “arrojarán luz respecto a la posible perpetración de los delitos contra la Hacienda Pública, y viceversa, la investigación patrimonial que se lleva a cabo en éstos podrá llevar consigo la existencia de indicios en relación con aquéllos”.

La Abogacía del Estado insiste en su escrito que entre los delitos electoral, de cohecho, falsedad en documento público o prevaricación y el fraude fiscal existe una más que evidente conexión por lo que debería investigarse. La Abogacía pide al juez Pedreira que plantee ante la Sala Segunda del Supremo un conflicto negativo de competencia frente al Tribunal Superior de Valencia y sugiere que se remitan al máximo órgano judicial dos decenas de informes de la Agencia Tributaria y de la Policía sobre distintos negocios ilegales en los que tuvo una participación activa la red Gürtel. Entre ellos, el contrato de la visita del Papa a Valencia, que reportó más de tres millones de euros de beneficios a una constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos.