Zapatero y Rajoy pactan imponer un tope constitucional al déficit público

Sobre el papel, en el Pleno extraordinario de esta mañana se iban a debatir las medidas de austeridad recogidas en el decreto que el Ejecutivo aprobó el viernes pasado y a abordar la complicada situación económica por la que ha pasado España este mes de agosto, con el ataque a la deuda soberana. Sin embargo, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido cambiar el guión al introducir en el debate la propuesta de reforma constitucional para incluir una regla de estabilidad presupuestaria que permita controlar el gasto público. Una decisión de última hora y que pretende enviar a los mercados un mensaje de estabilidad y confianza, ante el previsible riesgo de nuevas convulsiones en los próximos meses.

La iniciativa, sin embargo, no ha sido lanzada de manera improvisada ni ha cogido a los grupos políticos por sorpresa. El presidente había comunicado su idea al líder de la oposición, Mariano Rajoy. El candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, reacio a fijar constitucionalmente la estabilidad presupuestaria, ha reconocido en los pasillos del Congreso que Zapatero, finalmente, “lo convenció anoche” tras conocer que el PP estaba de acuerdo con la propuesta. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, también ha desvelado que había tratado de esta posibilidad con miembros del Gobierno.

El pasado 16 de agosto, Alemania y Francia propusieron incluir en las Constituciones de los 17 países de la zona euro una "regla de oro" de equilibrio presupuestario antes del verano que viene. Un compromiso de disciplina fiscal que ya está recogido en la Carta Magna germana y que Nicolas Sarkozy va a someter a votación en el Parlamento francés en otoño. La ley fundamental alemana limita al 0,35% del PIB el déficit del Gobierno federal en 2015 y lo prohíbe para los Länder a partir de 2019. El presidente francés propuso la posibilidad de que la incorporación del límite de gasto público no tuviera que realizarse necesariamente mediante una reforma constitucional, sino que pudiera adoptarse por ley.

El Gobierno hasta ahora se había mantenido reacio a modificar la Constitución para incluir una regla de gasto. La propia vicepresidenta de asuntos Económicos, Elena Salgado, sostuvo que la ley de Estabilidad Presupuestaria bastaba para garantizar el límite del déficit y recordó que en septiembre las comunidades autónomas deberán aprobar su propio techo de gasto, tal y como se acordó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de junio. Ahora Zapatero parece haber cambiado de opinión.

La reforma, sobre la que PSOE y PP ya trabajan contrarreloj, será aprobada por vía de urgencia —sin referéndum— para que esté lista antes de que las Cortes se disuelvan el 27 de septiembre. Según dijo Zapatero, aunque se apruebe ahora no entraría en vigor hasta “2018 o 2020”; a partir de entonces, “todas las Administraciones” —central, autonómica y local— tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan. Eso supone un límite estricto y sin precedentes al gasto público en España.

 El presidente ha defendido su propuesta alegando que la limitación constitucional del déficit “reforzará” el compromiso de España con las “medidas de consolidación” y contribuirá a “fortalecer la confianza de los inversores extranjeros a medio y largo plazo”. Zapatero ha hecho hincapié en que la regla de gasto se introducirá con la vista puesta en el período 2018-2020. “Afrontémoslo con naturalidad y pensemos que estamos trabajando para más de una década en adelante y para un tiempo político y social relevante de España”, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha reclamado a las fuerzas políticas “naturalidad” y el mayor consenso posible para sacar adelante la iniciativa antes del final de esta legislatura. El primero en mostrarle su apoyo, por “coherencia”, ha sido el líder de la oposición. Rajoy ha recordado al presidente que él ya propuso esa medida en 2010. El dirigente popular la planteó el 25 de junio del año pasado en un desayuno del Foro Nueva Economía. Los populares se han apresurado a sacar provecho de esta circunstancia y han elaborado un argumentario en el que se arremete contra el PSOE y se recuerda que el jefe del Ejecutivo y el candidato Rubalcaba “cuestionaron hasta 13 veces” la reforma de la Constitución.

Menos entusiastas se han mostrado los partidos nacionalistas. CiU y el PNV comparten el “espíritu” de la iniciativa pero exigen mayor “flexibilidad” para asegurar que el límite de gasto pueda adaptarse a cada ciclo económico. En el grupo mixto el anuncio tampoco ha sido bien recibido. Desde Izquierda Unida, su portavoz, Gaspar Llamazares, entiende que “no es aceptable que un Parlamento moribundo decida algo tan importante que afecta a la vida de la gente”.

Sin embargo, Zapatero sí podría salirse con la suya y sacar adelante la segunda reforma de la Constitución antes del fin de esta legislatura. Lo ha confirmado el presidente del Congreso, José Bono, que ha advertido de que para ello la iniciativa parlamentaria debería presentarse antes de este viernes. En ese caso a los diputados les esperan otros dos plenos extraordinarios, uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre. Pese a que con el apoyo del PP, el Gobierno contaría con los 3/5 necesarios para sacar adelante la reforma, el éxito de la propuesta no es tan seguro. Si una décima parte de los diputados se opusiera, habría que disolver las Cortes y convocar un referéndum para votar la modificación.

Antes de anunciar el deseo de incorporar el límite de gasto público en la Constitución, Zapatero, como se esperaba, ha defendido las medidas de ajuste contra el déficit incluidas en el decreto que el viernes pasado aprobó el Consejo de Ministros. Finalmente, la disposición ha salido adelante con el apoyo en solitario de los 169 votos del PSOE y gracias a las abstenciones del PP, CiU y PNV (165). Los siete diputados del grupo mixto y de ERC han votado en contra. Zapatero ha comprobado que en la recta final de la legislatura está más solo de lo que pensaba.

Las disposiciones del Decreto no convencen a ningún grupo político. Dudan de su efectividad y consideran que son decisiones improvisadas. La postura del PP se ha desvelado en el último momento. Rajoy, que las ha tildado de “estériles”, ha explicado que su partido estaba de acuerdo con algunas pero que por su “heterogeneidad” era “difícil” hacer un “juicio global”. CiU, como avanzó el viernes, también se ha abstenido y entiende que no contribuirán a aliviar el problema del desempleo. La posición del grupo popular ha permitido que otras fuerzas políticas que en principio parecía que iban a avalar con sus votos el decreto, hayan podido modificar posturas. Es el caso del PNV, que la semana pasada dijo “no tener inconveniente” en apoyarlas, o de BNG y Coalición Canaria que, finalmente, se han opuesto por entender que el texto de la disposición era “contradictorio”.