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Dos años sin atentados

El cerco paraliza a la banda

La falta de ataques antes de la tregua se debe a la dura lucha contra ella y su pérdida de apoyo

Jorge A. Rodríguez

Es posible que Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaún, asesinados el 31 de julio de 2009 en Mallorca, pasen a la historia como los últimos asesinados por ETA en España. Y si eso fuera así, la banda habría cerrado su ciclo asesino como lo empezó en 1968: matando a guardias civiles. Mañana se cumplen dos años sin atentados de ETA, que tras la muerte de los dos agentes solo actuó una vez más en territorio español: el 9 de agosto de 2009, cuando colocó cuatro bombas de baja potencia que estallaron en restaurantes y bares de Palma de Mallorca, sin causar víctimas.

Golpes asestados por las Fuerzas de Seguridad la han llevado a una situación en la que se hace “muy difícil la vuelta a la actividad armada”, según un informe policial, aunque en la naturaleza de ETA, como en la serpiente que la representa, está matar. Pero la banda sabe, como escriben los analistas policiales, que en el País Vasco hay “un creciente apoyo popular contra el fin de la actividad terrorista”.

ETA es consciente de que no va a tener cuartel. Ni en España ni en Francia ni en Portugal. La banda ha visto cómo en los últimos cuatro años han sido detenidos 336 de los suyos o presuntos suyos (más de la mitad durante la tregua declarada por ETA), cómo se quedaba sin varias toneladas de materiales explosivos y, sobre todo, cómo iba perdiendo a sus sucesivos responsables militares, incluidos sus dos últimos grandes generales: Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata.

Los expertos policiales aseguran que la presión continua sobre la banda terrorista y sobre su entramado político —los informes consultados ni siquiera citan a Bildu, aunque sí a Sortu— han dado como fruto “el progresivo aislamiento al que se están viendo abocadas ETA y las organizaciones que sustentan sus reivindicaciones, manifestándose un creciente apoyo popular contra el fin de la actividad terrorista”. Lo que tienen claro es que, en cualquier caso, los palos que ha recibido no solo hacen “muy difícil pensar en la vuelta a la actividad armada” sino casi imposible “el retorno a escenarios pasados, cuando ETA alcanzó su máxima capacidad operativa”. Es decir, a los años del plomo (1978-1980, con 234 asesinados, o 1985-1987, 137 muertos).

Lo cierto es que es muy complicado que una organización tenga futuro si sus jefes son detenidos sin cesar, los soldados cada vez son menos (733 detenidos en ocho años), no hay ingresos (la banda ha renunciado oficialmente a la extorsión del impuesto revolucionario) y sus bases sociales no quieren que siga.

La banda lleva dos años sin atentar. Pero si no lo ha hecho no ha sido porque no ha querido, si no porque hasta que declaró su tregua, el 5 de septiembre de 2010, lo intentó sin éxito. Su infraestructura en Francia está dispersa y la de España ha quedado reducida casi a la nada (especialmente tras el hallazgo en abril del arsenal del caserío de Legorreta, el mayor incautado a ETA, y la detención de sus responsables).

Pero tampoco pudo volver a atacar porque fracasó en su intento de instalar una base logística en Portugal, en Óbidos, desde donde había planeado lanzar ataques contra el sur de España y Madrid, y desde donde planeó volar las Torres KIO a principios de 2010. No pudo porque el comando encargado de atentar contra las obras del AVE vasco fue detenido. Ni pudo llevar a cabo una fuga masiva de presos en la cárcel de Huelva.

La cadencia de golpes se ha visto apoyada por otras operaciones contra el entramado de apoyo en todos los ámbitos, desde el colectivo de abogados que ha servido de correo entre ETA y sus presos hasta la lucha contra la cantera etarra, la kale borroka o vandalismo terrorista. “Su actividad ha quedado prácticamente anulada con la detención de sus responsables”.

Si, como claman los presos y se ansía en el País Vasco, ETA dice adiós a las armas y baja la persiana, el policía francés Jean Sergé Nerín habrá cerrado con su muerte en Francia el 16 de marzo de 2010 la lista criminal que abrió el 7 de junio de 1968 el guardia José Pardines Arcay en Villabona (Guipúzcoa), y a la que siguieron otros 827 nombres.

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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