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El juez reclama a Rajoy un informe de las cuentas del PP valenciano

El TSJ reactiva la investigación de dos campañas y los contratos con Gürtel

Pleno del Ayuntamiento de Castellón en el que Fabra (segundo por la izquierda) es sustituido. Ampliar foto
Pleno del Ayuntamiento de Castellón en el que Fabra (segundo por la izquierda) es sustituido.

La investigación de la presunta financiación irregular del PP valenciano se acelera. El juez instructor del grueso de la rama valenciana del caso Gürtel, José Francisco Ceres, dictó ayer un auto que reactiva la causa al hacer firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de declararse competente. El magistrado reclama la remisión de documentación tanto al Tribunal de Cuentas como al PP y a la Generalitat valenciana.

Así, la dirección nacional del PP, que preside Mariano Rajoy, recibirá un oficio judicial para que determine quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. Pero además, solicita que se informe del “modo de funcionamiento”, del grado de “autonomía económico-financiera y contable” y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. El juez requiere especialmente cómo funciona la contabilidad electoral “y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)”.

Otros requerimientos van dirigidos al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes valenciana, de los que solicita la certificación sobre “la regularidad de la contabilidad electoral” del PP en las elecciones de 2007.

Esta parte del caso Gürtel se inició tras el examen de la documentación requisada a las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su análisis desveló el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. La principal proveedora de estos servicios fue Orange Market que, además, resultó adjudicataria, durante cinco años, de los expositores con los que la Generalitat valenciana (a través de la Agencia Valenciana de Turismo) participó en la feria Fitur.

Génova deberá decir qué grado de autonomía contable tenía Valencia

La investigación se ha desarrollado durante más de dos años en el TSJ de Madrid, hasta que decidió inhibirse a favor de Valencia. Dado que ha pasado más de un año hasta que se ha resuelto, de manera firme, esta decisión, el juez Ceres quiere saber si la policía ha hecho avances en la investigación. También solicita que la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) averigüe la identidad del titular y “persona/s autorizadas de la cuenta o cuentas corrientes que pudiera tener el PP” valenciano desde las que pudieran haberse abonado “las cantidades económicas para el pago de los actos encargados por dicha formación política a Orange Market”.

El magistrado pregunta por los autorizados en las cuentas del partido

El juez llamará a declarar a todos los imputados, entre los que se encuentra la cúpula del PP valenciano, que estaba bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Entre los imputados figuran Vicente Rambla (exvicepresidente); Ricardo Costa (exsecretario general del PP); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV; Cristina Ibáñez (administradora del PPCV), en lo que respecta a la financiación irregular. Y Rambla, Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo y hasta ayer jefe de protocolo de la Diputación de Valencia) por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación. En relación con los contratos de Orange Market, el juez pide a Presidencia de la Generalitat que certifique las funciones de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional.

“Políticamente, lo más relevante es que supone bajar a la realidad a Alberto Fabra”, recién nombrado presidente del PP valenciano y de la Generalitat tras la dimisión de Camps, señaló el diputado socialista Ángel Luna, que encabeza la acusación popular. “Se trata de un tema del que nadie ha dado explicación alguna”, concluyó.