El juez Flors sostiene que Camps mintió y le sentará en el banquillo

El juez José Flors dictó ayer un auto demoledor para Francisco Camps. El magistrado rebatió los argumentos de su defensa y ordenó la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana ante la acumulación de pruebas (Flors cita 14) de que aceptó sobornos de la trama Gürtel: 25 prendas de vestir por valor de 14.131 euros (2,3 millones de pesetas) obsequiadas a lo largo de cuatro años. La resolución judicial deja en una situación de extraordinaria precariedad política a Camps, que ha negado durante los dos años y medio que ha durado la instrucción haber aceptado regalos de la red corrupta sin ofrecer más explicaciones. Ayer, poco antes de conocerse la resolución, salió del despacho, se subió al coche oficial y desapareció. El auto también resulta peligroso para Mariano Rajoy, ya que el juicio por cohecho impropio, previsto para otoño, podría coincidir con la campaña de las elecciones generales.

El juicio pone finalmente a prueba la coherencia de la dirección nacional del PP, que el año pasado pactó con el PSOE endurecer las penas por corrupción: el delito por el que serán juzgados Camps y tres de sus altos cargos (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) solo llevaba aparejado, cuando presuntamente se cometió, una multa, pero tras esa reforma, el Código Penal castiga la misma acción con tres años de inhabilitación y entre seis meses y un año de cárcel.

Camps deberá abonar una fianza de 55.000 euros para evitar que sus bienes sean embargados. En febrero, cuando se supo que la Fiscalía Anticorrupción le pedía una multa de 41.250 euros, un portavoz del PP valenciano, José Marí, afirmó que dicha sanción le condenaría “al hambre”, dado su nivel de ingresos. Camps declaró recientemente 4.000 euros en sus cuentas.

La causa de los trajes es solo un fragmento de la actividad de la trama Gürtel en Valencia. La investigación policial avalada por los jueces ha revelado que la red de Francisco Correa corrompió a decenas de cargos del Gobierno valenciano; obtuvo contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat; metió la mano en los fondos públicos de la visita papal, y participó en la financiación ilegal del Partido Popular, hinchando con dinero de empresas constructoras sus campañas electorales.

Los regalos de la trama a numerosos cargos del PP tenían como objetivo, según los jueces, facilitar el funcionamiento de esa maquinaria corrupta. “No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente [Camps] y el vicepresidente [Campos] de una comunidad autónoma (...) puede ser de una influencia determinante” a la hora de conseguir contratos de esa Administración, indica Flors.

Es decir, no era necesario que Camps o los tres imputados dijeran a sus subordinados a quién conceder los contratos; “basta solo con que se conozca la estima que se les dispensa [por parte de sus superiores] para que pudieran verse favorecidos sus intereses económicos”.

Frente a la versión de Camps (de que pagó las prendas en metálico con dinero que le preparaba su esposa) y las de Costa, Campos y Betoret (que dijeron al juez que los abonaron a plazos a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia), el juez se apoya en la “base fáctica plural, de contenido incriminatorio” incluida en el sumario, para inclinarse por lo contrario.

Las prendas las pagó Pablo Crespo, mano derecha de Correa, tanto en Milano como en la tienda Forever Young, mediante cheques y transferencias bancarias. Su finalidad era ganarse el favor de los cargos públicos. Los cuatro imputados las aceptaron “a sabiendas de quién las pagaría”. Los obsequios fueron dádivas, en el sentido penal, “dada la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración de su entrega y su mismo valor”, que no puede inscribirse en los meros presentes “que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles”.

No se hicieron por amistad con El Bigotes: los pagos los hizo “materialmente” Crespo y fue asumido por las empresas de la red de Correa “que tenían importantes intereses económicos en sus relaciones con la Administración autonómica valenciana”. Y es inútil argumentar que se entregaron en atención a sus cargos en el partido: teniendo esa doble condición en el PP y el Gobierno, no es factible que las dádivas “únicamente puedan influir en una faceta de su vida”.

El juicio, que celebrará un tribunal del jurado presidido por un magistrado progresista (Juan Climent), será largo y Camps deberá sentarse en el banquillo el tiempo que dure. Por el Tribunal Superior de Justicia valenciano desfilarán decenas de testigos, entre ellos los líderes de Gürtel. Se oirán las conversaciones intervenidas por la policía. Y todo será público.