Dos años a vueltas con los trajes

Regalar trajes no es lo mismo que regalar un jamón. Recibirlos como regalo, tampoco. Un jamón, una joya o un bolso se recibe, se agradece o se devuelve. Un traje, como en el caso del procedimiento judicial abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, implica citar al sastre (Camps lo hizo en ocasiones en el Ritz), dejar que te tomen medidas, elegir la tela y el modelo, recibir la prenda, probártela y admitirla como buena o rechazarla por discrepancias en la confección.

La llamada “causa de los trajes”, vinculada a la trama Gürtel ha tenido casi dos años y medio de instrucción. Esta es la cronología del caso.

Febrero 2009. Tras más de un año de investigación, Baltasar Garzón destapa la existencia de la trama Gürtel, una extensa red de empresas que lograba, presuntamente de forma corrupta, contratos con las administraciones que gobernaba el PP, partido para el que también organizaba actos. Dos días después de la detención del líder de la trama, Francisco Correa, el PP valenciano admite haber contratado con una de las firmas de la red, Orange Market.

Febrero 2009. La Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la trama tras analizar las grabaciones realizadas por orden judicial, en las que una imputada alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.

Marzo 2009. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la que, a partir de ese momento, se conocerá como rama valenciana del caso Gürtel, que inicia la llamada “causa de los trajes” al ver indicios de delito en la actuación de cuatro dirigentes del PP de Valencia, entre los que se encuentra Francisco Camps.

Marzo 2009. El TSJCV acoge la declaración del sastre José Tomás, quien explica cómo era citado, cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana y cómo éste nunca le pagó los trajes.

Abril 2009. Una conversación, publicada por EL PAÍS, entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market en Valencia desvela la connivencia y grado de amistad entre ambos. “Amiguito del alma” y “te quiero un huevo” empiezan a ser expresiones vinculadas al caso Gürtel.

Mayo 2009. El día 20, Camps declara en el TSJV y no aporta ninguna factura de los trajes. Dice que nunca pide los tiques de lo que compra para que nadie piense que lo carga a protocolo de la Generalitat.

Julio 2009. El magistrado José Flors encuentra “suficiente indicios” de que las prendas que acabaron en manos de Camps fueron pagadas por la trama corrupta y considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de cohecho.

Agosto 2009. El Tribunal Superior valenciano archiva la causa de los trajes al considerar que los regalos recibidos por los dirigentes valencianos no son constitutivos de delito.

Mayo 2010. El tribunal Supremo reabre la causa atendiendo así a los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos. Considera que hay indicios de la comisión de un delito de cohecho impropio.

Agosto 2010. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de Orange Market constata que la trama pagó los trajes y que, en ningún caso, consta el pago en metálico que arguyó Camps.

Enero 2011. El magistrado Flor da por concluida la instrucción.

Febrero 2011. La fiscalía reclama a Camps el pago de una multa de más de 40.000 euros por un delito continuado de cohecho impropio. La acusación popular pide tres años de cárcel al considera que no se trata de un cohecho impropio sino propio ya que, a su entender, recibió los regalos a cambio de adjudicar contratos. Las defensas solicitan la absolución.

Julio 2011. El TSJCV acoge la vista preliminar a la decisión de abrir juicio o archivar el caso. Los peritos de Hacienda ratifican su informe y un testigo relata cómo sus jefes le instaron a manipular la documentación de la tienda en la que trabajaba para sostituir, en el listado de encargos, el nombre de Camps por el de El Bigotes. En la vista, el letrado del presidente de la Generalitat insiste en que no hubo regalos pero añade que, en el caso de que el juez considere que si los ha habido, Francisco Camps los habría recibido por su condición de presidente del PP valenciano y no como presidente de la Generalitat, ya que el delito de cohecho está limitado a los cargos públicos y no a los orgánicos.

15 de julio 2011. El magistrado instructor José Flors decide sentar en el banquillo a Camps y varios de sus colaboradores porque, sostiene en el auto, el objetivo de los trajes, zapatos y otras prendas de vestir regalados a estos por las empresas de Francisco Correa era "el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". El presidente valenciano transmite a través de su portavoz que no dimitirá, que pretende agotar su mandato aunque un jurado le condene. La dirección nacional del PP no emite oficialmente ninguna opinión sobre la decisión judicial.

16 de julio de 2011. Tibio respaldo de la cúpula del PP. Ana Mato, vicesecretaria de Organización, declara tras un acto político en Huelva: “Es una persona honrada, los valencianos le han votado mayoritariamente porque ha realizado una magnífica labor”. Suman sus voces otros dirigentes como Cristóbal Montoro — “Camps es una persona honrada y hay que dejar que los procesos judiciales lleguen a término”—, y el presidente de Extremadura, José Antonio Monago —“no hay que hacerle un traje a quien hasta el día de hoy es inocente”—.

18 de julio 2011. El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, se muestra convencido de que el presidente Camps no se ha planteado dimitir tras su procesamiento por el caso Gürtel  y de que el líder del partido, Mariano Rajoy, tampoco se lo pedirá. La portavoz del Gobierno autónomo asegura desconocer cuándo retomará Camps su agenda oficial.

19 de julio de 2011. Soraya Saénz de Santamaría insinúa por la mañana que habrá decisiones sobre Camps mientras los máximos dirigentes del PP evitan a la prensa para eludir preguntas sobre el caso. Nadie habla de una posible dimisión de Camps, que parece absolutamente descartada. El presidente valenciano se plantea pagar y seguir en el poder con antecedentes penales. Él quiere admitir el delito pero, si no lo hacen los cuatro procesados, habrá juicio.