González Pons: "La justicia exige que tratemos cada caso de manera particular"

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha insistido en arremeter contra el PSOE a cuenta del caso Faisán. En declaraciones a la Cope, el dirigente popular ha incidido en que el procesamiento de los tres mandos policiales por el juez Pablo Ruz evidencia que la cúpula de Interior -formada por Alfredo Pérez Rubalcaba y el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho,- estaba al tanto del chivatazo a la red de extorsión de ETA, porque "los policías cuando desmantelaron la operación judicial obedecían órdenes políticas". El Poder Judicial, por su parte, ha mostrado cierto malestar en privado por las críticas al auto del Faisán de algunos dirigentes políticos.

González Pons, sin embargo, ha sido más tibio cuando se le ha recordado que hoy mismo el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, podría acabar en la misma situación que Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies y José María Ballesteros: procesado, en su caso por los regalos de trajes a cambio de favores a la trama Gürtel. "La justicia exige que tratemos cada caso de manera particular", ha sentenciado.

Camacho es un cortafuegos de Rubalcaba"

El dirigente popular se ha centrado de nuevo en las consecuencias del caso Faisán y ha denunciado que el Gobierno "por primera vez" haya criticado el auto de procesamiento dictado por Ruz. Pons se refería a las declaraciones que ayer hizo el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y ha resaltado que el Ejecutivo no hizo lo mismo cuando el Tribunal Constitucional decidió legalizar Bildu. "Entonces pidieron respeto, en este caso hay personas cercanas al Gobierno implicadas".

En esta línea el secretario de Comunicación del PP ha afirmado que el nombramiento de Camacho como ministro del Interior responde a una "maniobra de aforamiento" del Gobierno para que no pueda ser llamado a declarar por el Faisán en la Audiencia. "Es un cortafuegos de Rubalcaba", ha puntualizado. La acusación particular personada en la causa del Faisán insistió en que el juez Ruz llamara a declarar a Camacho -que era el número dos de Interior en 2006, cuando se produjo el chivatazo- ya que él era el titular de uno de los teléfonos desde el que se avisó a la red de extorsión de ETA. El magistrado desestimó la solicitud por entender que su testimonio era "irrelevante".

"Falta de respeto"

Después de las críticas de ayer de determinados dirigentes políticos al auto del juez Ruz, algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han manifestado su malestar en privado, según informa Efe. Fuentes del Consejo creen que las opiniones vertidas son legítimas, aunque han mostrado su preocupación ante algunas descalificaciones al magistrado de ciertos cargos políticos. Desde el CGPJ, han señalado que tachar el auto de "disparatado" sobrepasa la necesaria crítica democrática y han hecho un llamamiento a los principios del Estado de Derecho.

Ramón Jáuregui y Alfredo Pérez Rubalcaba fueron algunos de los políticos que hablaron ayer sobre el auto. El ministro de Presidencia indicó que no podía "creer que personas que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo, y que incluso han sido víctimas del terrorismo, puedan ser acusados de colaborar con ETA", algo que le parece "sencillamente disparatado". El candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, dijo que apreciaba "fallos jurídicos" en el caso.