La Audiencia Nacional defiende su pervivencia en un futuro sin terrorismo
El tribunal se centraría en una delincuencia organizada de carácter transnacional
La Audiencia Nacional, creada en 1977 principalmente para combatir el fenómeno del terrorismo, ha defendido su pervivencia incluso cuando desaparezca esa lacra, para combatir eficazmente una delincuencia organizada de carácter transnacional que no se conocía en el momento de su creación y a la que solo se puede hacer frente con unos órganos judiciales altamente especializados. La Memoria anual de actividades asegura que la razón de ser de la Audiencia Nacional es la necesidad de que ciertos delitos, caracterizados por su complejidad o por afectar a diversas partes del territorio nacional, deben ser conocidos por un único Tribunal. No obstante, la Audiencia denuncia “escasez de medios” y “disparidad de criterios” entre los jueces de instrucción en materia de vigilancia de detenidos pro terrorismo.
En su Memoria correspondiente al año 2010, la Audiencia destaca que su atención a las víctimas fue una de sus prioridades y la Ofician creada al efecto realizó 334 actuaciones, abriendo un expediente por cada una de ellas.
La Sala de Gobierno de la Audiencia se pronunció a favor de introducir al figura del “denunciado”, previa a la imputación, con el fin de evitar la “instrumentalización del proceso penal”. Esta figura equivaldría a la del “investigado” que Justicia pretende introducir, según un borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Disparidad de criterios
La Audiencia también propone que se regule un protocolo de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en materia de detenidos por delitos de terrorismo y que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal regule la grabación de las entradas y salidas de las celdas “para evitar la disparidad de criterios entre los juzgados centrales de instrucción”.
La Memoria destaca “por encima de todo” la digitalización progresiva de la documentación judicial para dar paso a la implantación completa del expediente digital. A finales de 2010 ya se habían digitalizado más de 8 millones de documentos de los 20 millones previstos.
El juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia resolvió 8.521 asuntos frente a los 7.450 del año anterior y como consecuencia de su elevada carga de trabajo, la Sala de Gobierno propone que se valore la posibilidad de crear un segundo juzgado.
La estadística que recoge la Memoria destaca que en 2010 se han resuelto 631 procesos tramitados como sumario (a los que corresponden penas superiores a 9 años de cárcel ) de terrorismo y narcotráfico, frente a los 501 del año anterior, lo que supone un incremento del 26%.
Los juzgados centrales de instrucción incrementaron sus resoluciones casi en un 50% más, al haber pasado de 557 a 831 es un año.
Estos datos resultan aún más significativos, dice la Memoria, si se tiene en cuenta en incremento progresivo de asuntos cada año “y la escasez de medios con que cuentan los órganos judiciales”.
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