Juicio a Yagüe por la desaparición de atestados y multas de tráfico en Marbella

La exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe se sentará hoy en el banquillo acusada de hacer desaparecer multas y atestados de tráfico emitidos contra personas de su confianza, entre ellas un sobrino del periodista deportivo José María García y el reportero del corazón Diego Arrabal. Además de la regidora hay cuatro policías locales de Marbella procesados, entre ellos el exjefe del cuerpo, Rafael del Pozo, y el inspector Francisco Javier Martín.

Los atestados por delitos contra la seguridad del tráfico que se volatilizaron de las dependencias policiales marbellíes fueron redactados entre febrero de 2004 y agosto de 2005. Dos de ellos son denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol interpuestas contra Borja Fraile, sobrino de García, y Diego Arrabal. El tercero es un atestado contra un empleado del depósito municipal de vehículos que circulaba con una moto dada de baja y con matrícula falsa.

El 30 de marzo de 2006, al día siguiente de desencadenarse la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, el inspector Martín entregó un sobre cerrado a un agente del cuerpo, y le pidió que se lo llevara para recogerlo posteriormente. El mando policial no volvió a reclamar el sobre y, en julio de 2007, el agente lo encontró en un cajón. Al abrirlo encontró los atestados originales y las comparecencias de los policías que realizaron esos servicios. El agente denunció el caso, aunque ha sido imputado.

El ministerio público sostiene que la alcaldesa gilista Yagüe y el entonces jefe de la policía local Del Pozo fueron los que dieron las órdenes para que no se tramitaran los atestados. Hay otro agente encausado, Alberto Rodríguez, al que se acusa de borrar del sistema informático la multa contra Arrabal y de tramitar como infracción administrativa la falsificación de la matrícula de la moto que usaba el empleado municipal, cuando las diligencias debieron haberse trasladado al juzgado.

El juicio arranca hoy en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga. El fiscal pide para Yagüe nueve meses de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos. Para Del Pozo, Martín y el agente que denunció el caso, el ministerio público solicita tres años de prisión, siete de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 13.500 euros. Además de omisión del deber de perseguir delitos, los policías están acusados de infidelidad en la custodia de documentos.