Las víctimas del metro de Valencia reclaman desde 2006 reunirse con Camps

Una veintena de familias de fallecidos en el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 volvieron a bajar ayer a la antigua estación de Jesús —ahora Joaquín Sorolla— y a recorrer las nueve paradas de la línea 1 a las que sus parientes no llegaron aquella mañana de hace cinco años. El punto de llegada era Torrent, municipio en el que vivían la mayoría de los 43 fallecidos. En cada estación, la comitiva bajaba, guardaba un minuto de silencio y leía una cita. “Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto, Martin Luther King”, leyó uno de ellos a mitad de camino. Y añadió: “Aunque hayan pasado cinco años sin reconocer los errores que ocasionaron el accidente del metro ni asumir su responsabilidad, el Gobierno valenciano pierde a cada momento esa oportunidad. Mejor ahora que dejar pasar otros cinco años. Nosotros, mientras tanto, seguimos esperando respuestas”.

La Asociación Víctimas 3 de Julio (AV3J) volvió a organizar una jornada de actos conmemorativa a la que no acudió ningún representante oficial, solo cargos de la oposición, como el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Juan Soto. La presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, recordó que un año y medio después del siniestro dirigieron una carta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la que pedían reunirse con él para trasladarle sus “dudas” sobre lo ocurrido, y que aún están esperando una contestación. La portavoz de la Generalitat, Lola Johnson, declaró la semana pasada que el Gobierno valenciano compartía el “dolor” de las víctimas. El líder de los socialistas, Jorge Alarte, afirmó ayer que un presidente “digno” ya las habría recibido.

El dolor es el dolor, y de eso saben bastante los familiares que ayer volvieron al metro (la mayoría solo se sube el día del aniversario: en parte por el recuerdo; en parte porque creen que aún no se han puesto las medidas de seguridad adecuadas) y los que acudieron directamente a los homenajes que tuvieron lugar a lo largo del día. Hay circunstancias que hacen el dolor, sin embargo, menos llevadero. Enric Chulio, que perdió a su mujer en el accidente, señalaba que la falta de delicadeza por parte del presidente es una de ellas, pero no la única.

La misa de ayer en recuerdo de los fallecidos no se celebró en la Catedral de Valencia. Los miembros de la asociación querían evitar los “problemas” que se encontraron los cuatro años anteriores. El anterior arzobispo, el fallecido Agustín García Gasco, y su sucesor, Carlos Osoro, declinaron sus invitaciones para que oficiaran las misas. Y el año pasado la catedral vetó al cura que las familias habían elegido para oficiarla poco antes de que empezara.

El Ayuntamiento de Valencia tampoco aceptó colocar un monolito conmemorativo donde querían las familias: en el punto (en superficie) donde descarriló el convoy. Un lugar bastante visible que está justo enfrente de la estación provisional del AVE. El Consistorio prefirió ponerlo en un parque situado a unas calles de allí. Chulio aseguró ayer, sin embargo, que la negociación con el Ayuntamiento se ha reabierto y que las primeras noticias que les han llegado parecen alentadoras.

Menos eco ha tenido su petición de que la parada de Jesús (a pocos metros de la cual tuvo lugar el accidente) mantuviera su nombre. Metro Valencia lo cambió recientemente por el de Joaquín Sorolla argumentando que es la más próxima a la estación del AVE, que se llama así. Las familias y una asociación de vecinos solicitaron que, al menos, se utilizara como en otras ocasiones un nombre compuesto (Jesús-Joaquín Sorolla), pero tampoco tuvieron éxito.

El proceso judicial abierto tras el accidente se cerró definitivamente en 2008. Los jueces consideraron que la muerte del conductor en el propio siniestro y la ausencia de disposiciones legales que impusieran mayores medidas de seguridad que las que existían en la curva fatídica hacían inviable exigir responsabilidades penales. La juez instructora, Nieves Molina, admitió que podría “cuestionarse la existencia de una responsabilidad política derivada de la falta de inversiones, pero esta cuestión escapa a las competencias de este juzgado”.

El peor accidente en la historia del metro en España tampoco tuvo consecuencias políticas. Nadie dimitió, y la comisión parlamentaria de investigación creada en las Cortes Valencianas duró solo cinco días. La oposición denunció, además, que el PP vetó a expertos independientes a los que intentaron llamar a comparecer.

El cierre del procedimiento judicial decidió a una parte de las familias a no seguir participando en los actos de la asociación. “Unas 15 familias dijeron: ‘Lo hemos perdido todo. Seguir para nosotros es solo dolor”, contaba ayer Enric Chulio. “Algunos han vuelto después, porque aunque no quieras, te vuelve. Para mí esto forma parte de mi proceso de duelo”.

Una veintena de familias ha mantenido, sin embargo, con concentraciones todos los días 3 de cada mes en la plaza de la Virgen de Valencia, su reivindicación tranquila de explicaciones y responsabilidades: “¿Por qué no estaba programada la baliza que hubiera evitado el accidente? ¿Dónde fueron a parar los 25 millones de euros destinados por el Gobierno a Ferrocarrils de la Generalitat y que nunca llegaron? ¿Dónde está el libro de averías que llevaba el convoy en el momento del accidente?”, insistían ayer Beatriz y Rosa Garrote, que perdieron a su hermana en el accidente.

Después del difícil recorrido de la mañana, sin respaldo oficial y más desolado que otras veces al caer en domingo e ir casi vacíos los vagones, y del emotivo recuerdo de la tragedia a la hora exacta en la que ocurrió cinco años antes, la asociación celebró por la tarde un gran acto en la plaza de la Virgen al que acudieron centenares de ciudadanos.