El Poder Judicial rechaza la propuesta de Robles de restar competencias a Justicia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se limitó ayer a darse “por enterado” de un documento político ideado por la vocal Margarita Robles y otros tres colegas de su cuerda que, entre otras profundas reformas, propugna un cambio en el sistema de elección de vocales para esquivar el “partidismo” en la institución y que aboga por una mayor “representatividad y objetividad” en la designación de altos cargos judiciales. El pleno ni siquiera entró a valorar el citado documento, firmado por Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y José Manuel Gómez Benítez, quien tras haber sido su peor enemigo en el Consejo ahora pasa por ser uno de sus incondicionales.

El documento que postula la “objetividad” en los nombramientos de altos cargos fue desechado por un pleno, el de ayer, que, a su vez, se mostró incapaz de elegir al sustituto del magistrado Rafael Gimeno-Bayón, aupado al Tribunal Supremo en febrero de 2010 a propuesta de Robles, con apoyo de sus vocales afines y tras un pacto con colegas del sector conservador. En un hecho casi sin precedentes, la designación de este magistrado fue revocada más tarde por la Sala Tercera del Tribunal Supremo al no reunir Rafael Gimeno-Bayón (amigo y compañero de Robles en la Audiencia de Barcelona) los requisitos para acceder a alto tribunal. Desposeído de su plaza, Gimeno-Bayón se quedará en el Supremo como sustituto. Robles, de quien en ámbitos judiciales se dice que es la vocal que “más manda en el Consejo” y a quien su ahora amigo Gómez Benítez le llegó a imputar públicamente el amaño de nombramientos de altos cargos, es también la autora de un correo electrónico que ella misma remitió a suasociación, Jueces para la Democracia, jactándose de que había logrado colocar a 18 altos cargos judiciales en el año y medio que entonces llevaba funcionando el Consejo al que pertenece.

El documento que ayer le tumbó el pleno (cinco vocales rechazaron incluso entrar a valorarlo), señala en su punto número 10: “Los nombramientos que hace el CGPJ de presidentes de tribunales deben ganar en representatividad y en objetividad, como garantía del más eficaz cumplimiento de sus funciones”. En el mismo escrito, Robles y sus tres colegas consideran necesario acometer reformas legales que combatan las “prácticas indeseables” que pueden surgir en el Consejo a la hora de efectuar nombramientos de altos cargos que requieren una mayoría cualificada de votos y el imprescindible consenso para desarrollarlos.

El documento político desechado propone, además, reformas “para salir del estado de frustración y de desmotivación de muchos jueces y magistrados”

El documento político desechado propone, además, un conjunto de reformas “para salir del estado de frustración y de desmotivación de muchos jueces y magistrados”. Se trata de innovaciones legales que afectan a la propia “estructura y composición del Consejo” y otras encaminadas a restar competencias al Ministerio de Justicia en favor del órgano de Gobierno de los jueces. Señala que “los diferentes niveles de los órganos jurisdiccionales deberían estar presentes en número equilibrado en el CGPJ” y defiende que deben “reforzarse los requisitos de mérito y capacidad para acceder” al Consejo. Así, los cuatro firmante del manifiesto subrayan que “los doces vocales de prudencia judicial deben ser nombrado de entre los [jueces] que tengan más experiencia de gobierno, méritos y capacidad, estén o no asociados” y que los otros ocho de procedencia no judicial deben emanar del colectivo de “abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Robles, ex secretaria de Estado del Ministerio del Interior durante parte del Gobierno de Felipe González, es vocal del Consejo a propuesta del PSOE, el mismo partido que también, a través de anteriores Consejos, la avaló para ser designada magistrado del Tribunal Supremo. A raíz de la postura que adoptó en relación con el caso Mariluz Cortés, la niña de Huelva asesinada por un pederasta que se hallaba el libertad pese a existir contra él una condena firme, el PSOE se distanció de ella.

En el documento estos vocales también reclaman más competencias para el Consejo en detrimento del Ministerio de Justicia: “Debería asumir la competencia en materia de retribuciones de jueces y magistrados, incluidos los sustitutos”, y también “en el proceso de selección de jueces”, que “debería pasar a ser competencia exclusiva del CGPJ”. Entre otras peticiones de asunción de nuevas competencias.

Los cuatro vocales insisten en recortar recursos y garantías de los justiciables como mejor medio para agilizar la justicia. Las ”escandalosas dilaciones que se producen en la actualidad en algunos” juzgados y tribunales se debe al “inasumible volumen de litigios”. Para acabar con esta situación, Robles y vocales afines no proponen la creación de más juzgados, sino “una reforma en profundidad” de leyes que permita “prescindir de trámites innecesarios y del hipergarantismo judicial”. Es decir, menos recursos frente a decisiones judiciales adversas y más trabas a los ciudadanos para litigar y poder llegar al Tribunal Supremo. Gómez Benítez, firmante del documento, lleva tiempo detrás de este objetivo. El Gobierno retiró hace unas semanas varias enmiendas en la que se había volcado este vocal, que fue abogado de juez Garzón, y del PSOE en el caso del llamado tamayazo de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el pleno de ayer acordó por unanimidad "expresar su profunda preocupación ante la posibilidad de que no se creen nuevas unidades judiciales para el presente año, al considerar que la situación de sobrecarga de trabajo en la que se encuentran muchos órganos judiciales en nuestro país, a pesar del enorme esfuerzo que están desarrollando los jueces españoles, es difícilmente compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones", según se explica el Poder Judicial en una nota. Varios estudios del Consejo identifican más de 500 plazas "como de creación prioritaria en atención a su sobrecarga de trabajo". "Se trata de una situación de saturación a la que se ha hecho frente con un extraordinario esfuerzo por parte de jueces y magistrados, pero que no puede alargarse más tiempo sin poner en riesgo la calidad y la eficacia de la respuesta judicial", señala el Poder Judicial.

Finalmente, el Consejo nombró ayer a la magistrada Roser Bachcomo nueva directora de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona.  Roser Bach, que desde hace dos años era la directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, sustituye al hasta hoy Director dela Escuela Judicial, el magistrado Pascual Ortuño, quien presentó la renuncia por motivos estrictamente personales. Roser Bach Fabregó nació en Barcelona en 1964. Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1987 y en el año 1989 ingresó enla Carrera Judicial. Suprimer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Gavá y ha ejercido como juez en los juzgados de San Feliu de Llobregat, Lérida y Hospitalet de Llobregat. En 1998 obtuvo plaza de magistrada en la sección 3ª, de orden penal, de la Audiencia de Barcelona. En marzo de 2009 fue nombrada directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del departamento de justicia de la Generalitat de Catalunya