Justicia renuncia a crear 15 juzgados por incumplimiento del Gobierno Camps

El Consejo de Ministros ha dejado sin efecto la constitución y entrada en funcionamiento de 15 juzgados de la Comunidad Valenciana “por incumplimiento del Gobierno autónomo”, que alegó un “alto y desproporcionado coste”. La suspensión se mantendrá hasta que el gobierno que preside Francisco Camps comunique a Justicia que está en condiciones de cumplir sus obligaciones legales.

Uno de los juzgados que por ahora no verá la luz es el número 5 de Nules (Castellón), localidad cuya situación judicial fue calificada de “asfixiante” por el Consejo del Poder Judicial y en la que se eternizan los sumarios por presuntos delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias abiertos al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Según Justicia, en febrero de 2010 la Comunidad Valenciana solicitó la creación de 22 unidades judiciales y 5 plazas de juez de adscripción territorial. En octubre de ese año, solicitó que entraran en funcionamiento sólo seis de los 22 juzgados y que se aplazara el resto hasta el primer semestre de 2011, por razones de ajuste presupuestario.

El pasado mes de marzo, la Comunidad Valenciana indicó al ministerio que las 15 unidades judiciales conllevaban “un alto y desproporcionado coste” y que carecía de sentido su entrada en funcionamiento. Según Justicia, dado que es la Comunidad la que debe proveer a los juzgados y tribunales de los recursos humanos y medios materiales necesarios, “el Gobierno se ha visto obligado” a adoptar esa decisión.

A propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el gobierno ha dejado sin efecto la constitución de seisjuzgados de primera instancia: los nº 4 de Torrevieja, nº 4 de Benidorm, nº 7 de Elche, nº 13 de Alicante, nº 6 de Denia y nº 6 de Gandía; y otros siete juzgados de primera instancia e instrucción: nº 4 de Novelda, nº 4 de Vila-Joyosa, nº 5 de Nules, nº 7 de Lliria, nº 4 de Quart de Poblet, nº 4 de Massamagrell y nº 5 de Carlet. Tampoco se constituirán el juzgado de lo penal nº 4 de Orihuela ni el juzgado de lo social nº 2 de Benidorm.

La retirada de los 15 juzgados que correspondían a la Comunidad Valenciana ha obligado a suspender algunos apartados del real decreto por el que se crean 132 juzgados y 16 plazas se magistrado y 50 plazas de adscripción territorial.

En un comunicado, la Generalitat informa de que solicitó el pasado mes de marzo la reconversión de los 15 juzgados solicitados en 10 plazas de juez con los que se reforzarían los partidos judiciales con mayor carga de trabajo, así como la planta del Tribunal Superior de Justicia y las Audiencias Provinciales. Esa medida, según la Administración autonómica, evitaría "la innecesaria creación de nuevos juzgados".

Estos 10 jueces se unirían a los cinco juzgados ya concedidos, por lo que serían "suficientes recursos" para atender las necesidades judiciales en la Comunitat Valenciana para 2011. La Generalitat asegura que justificó esta solicitud en 2La austeridad presupuestaria que el contexto económico actual requiere de las Administraciones", pues la creación de juzgados unipersonales tradicionales implica "no sólo importantes inversiones en infraestructuras, sino también la creación de 150 plazas de funcionarios".

Por ello, el Consell ha manifestado su "pesar" ante lo que ha tachado como "un nuevo agravio por parte del Ejecutivo central, ya que la Comunitat Valenciana está por debajo de la media en cuanto a número de jueces por habitante". Esa competencia, según el comunicado, "corresponde exclusivamente al Ministerio de Justicia, mientras que en la parte que compete a la Generalitat, que son los funcionarios de los juzgados, la Comunitat Valenciana está en la media estatal".