Un derecho de los ciudadanos

Naciones Unidas formuló hace años una declaración en la que establecía que los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados a través de las estadísticas oficiales y que, a fin de mantener su confianza, los organismos encargados de esa tarea han de decidir, “con arreglo a criterios estrictamente profesionales, científicos, éticos y públicos”, los métodos de reunión, procesamiento, almacenamiento y presentación de esos datos.

Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos “trabajados”, como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.

Las estadísticas no pueden facilitarse solo a los investigadores

Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.

El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.

La promesa de transparencia va y viene en cualquier programa electoral

No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan “en poder” de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.