Un juez no ve delito en que la Guardia Civil haga sindicalismo de uniforme

Vestir un uniforme oficial para llamar la atención a la opinión pública sobre la situación que atraviesa un determinado colectivo no constituye delito. Así lo determinó el pasado 14 de junio el juzgado de instrucción nº 42 de Madrid.

El pasado 30 de noviembre de 2010, Ángel Casanova, Alberto García Llana y Juan Antonio Gil, agentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ofrecieron una rueda de prensa para denunciar la "represión" que, en su opinión, sufría el instituto armado por parte del Gobierno. En el acto reclamaron su derecho a la libertad de expresión y censuraban los expedientes que en los meses anteriores había abierto el Ejecutivo contra representantes de las asociaciones profesionales que se habían manifestado para reclamar condiciones semejantes a las del Cuerpo Nacional de Policía.

Los tres agentes aparecieron vistiendo el uniforme de la Guardia Civil, incluido el tricornio sobre un pasamontañas que les cubría el rostro

La rueda de prensa no hubiera tenido nada de particular si los tres agentes no hubieran aparecido vistiendo el uniforme de la Guardia Civil (solo de cintura para arriba), incluido el tricornio sobre un pasamontañas que les cubría el rostro. El ministerio fiscal entendió que la acción constituía una falta contra el orden público al considerar que los guardias civiles habían usado indebidamente el uniforme para defender intereses particulares.

En su fallo el juez instructor Agustín Morales Pérez-Roldán, ha considerado que los denunciados en el ejercicio de sus "derechos constitucionales de libertad de expresión" como representantes de una asociación de agentes de la Guardia Civil, hicieron uso de sus uniformes "con la única finalidad de informar y llamar la atención a la opinión pública acerca de la situación por la que atravesaba el instituto armado", por lo que, en ningún momento vulneraron el orden público que estaban obligados a observar.

La AUGC ha recibido con entusiasmo la decisión del juez, que puede ser recurrida, y en un comunicado la interpreta como una victoria frente al "intento de amordazar la libertad de expresión de los guardias civiles", pese a que en la denuncia de la Fiscalía no se hacía referencia a esa circunstancia.

La resolución se produce en pleno debate en el Senado sobre la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El martes pasado el PP decidió renunciar a su enmienda que proponía limitar el derecho de reunión de los guardias civiles.