PP y PSOE mantienen el bloqueo pese a la presión para renovar el Constitucional

Las primeras reacciones hasta ahora de los principales partidos, PP y PSOE, ante la decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, de rechazar la renuncia de tres magistrados a sus cargos para forzar la pendiente renovación de este órgano no presagian nada bueno. Tanto Eugenio Gay como Javier Delgado o Elisa Pérez Vera pretendían con su dimisión forzar a ambos partidos, que disponen de la mayoría en la cámara baja que debe resolver su renovación, a tomar una decisión en breve. Pero nada apunta en esa dirección. Al contrario.

Desde el PP, en concreto desde el entorno de su responsable de Justicia, Federico Trillo, se volvió a recuperar el nombre del juez Enrique López, ahora en la sala penal de la Audiencia Nacional y durante muchos años portavoz del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de ese partido, como uno de los candidatos a los puestos a renovar.

Trillo aseguró anoche en RNE que su partido ya se ha puesto en contacto con el PSOE para tratar la renovación de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional, aunque reconoció que el nombre de Enrique López "sigue sobre la mesa" y que la argumentación que en su momento se dio para retirar de la mesa de negociación el nombre de este juez relativa a la falta de años de experiencia profesional, ahora ya no existiría.

El PSOE no acepta esa oferta, que considera casi una ofensa. Y denuncia como "democráticamente inadmisible la actitud del PP de bloqueo de las instituciones con el único fin de ocuparlas a su antojo". Para los populares los que imponen e impondrán un veto que bloqueará de nuevo la renovación son lo socialistas.

Trillo apostó en la citada entrevista radiofónica por que esta renovación se consume antes de las vacaciones de verano para lo que sería necesario, dijo, "que no hubiera vetos recíprocos". "Zapatero sabe que es, ha sido y será nuestra voluntad" renovar el Constitucional.

Las enormes dificultades para renovar el Tribunal Constitucional constituyen una prueba más de la situación de bloqueo que vive la política española en algunas de sus esferas. Y, después de la crisis abierta ayer por la renuncia de tres magistrados, nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar. La renovación quedó bloqueada en noviembre de 2010, y ahí sigue.

El escollo es uno solo, y siempre el mismo: el empeño del PP en mantener como candidato a Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional muy polémico por su faceta política, sobre todo cuando fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE mantiene su veto a López, y el PP insiste con ese nombre, muy vinculado a Federico Trillo, principal negociador de los populares en asuntos relacionados con la justicia. Fuentes socialistas subrayaron, para descalificar el perfil de López, el artículo que firmaba ayer mismo en el periódico La Razón y en el que no ahorra precisamente descalificaciones contra la gestión de la Justicia del actual Gobierno. No es algo inusual. Al contrario.

Pero el PP juega en esta disputa con una gran ventaja. Mientras pasa el tiempo, se acercan las elecciones, que previsiblemente cambiarán la mayoría en el Congreso y podrían incluso permitir que los populares lograran, en vez del actual 2-2, un 3-1 a su favor. Entonces sería el PSOE quien podría bloquear la renovación, pero para los populares es cuestión de esperar, en algún momento ganarían la partida.

El Constitucional es clave en la estrategia política del PP, ya que tiene encima de la mesa asuntos de gran calado para su electorado, como el matrimonio homosexual, la nueva ley del aborto o la legalización de Sortu.

El entorno de Mariano Rajoy asegura que él quiere renovar. Sin embargo, el líder siempre deja este asunto en manos de Trillo, motivo por el cual ayer en el PP daban por hecho que no habrá renovación antes de las elecciones. Mientras todo esto sucede en privado, el PSOE mantiene su veto y el PP no retira a su candidato; en público ambos partidos culpan al de enfrente de que no haya acuerdo para la renovación. López no oculta su amistad con Trillo ni su cercanía al PP, tanto que suele aparecer en actos políticos del partido. En los foros del PP se le trata como a un dirigente más, siempre con aspiraciones de entrar en política cuando Rajoy llegue al Gobierno.

El juez se convirtió en uno de los principales arietes contra el Ejecutivo del PSOE cuando era portavoz del Poder Judicial. El PP bloqueó durante dos años la renovación de ese órgano, tanto que López fue portavoz del CGPJ durante toda la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no cesó hasta finales de 2008. El PSOE vivió así casi cinco años con un Poder Judicial a la contra.

Las declaraciones de López sobre todas las cuestiones políticas del momento, y sus opiniones más polémicas —llegó a plantear la necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua—, hicieron que la minoría progresista del CGPJ pidiera en dos ocasiones que le destituyeran como portavoz.

Después de largos años de bloqueo, siempre por López, Rajoy y Zapatero pactaron la renovación de los cuatro miembros del Constitucional elegidos por el Senado. El PP aceptó sacar a López de allí para evitar el bloqueo, pero lo metió en su cuota del Congreso. Y esos son los cuatro que siguen bloqueados.

El compromiso de Trillo y Rajoy con López por su trayectoria pasada parece firme, y la voluntad del PSOE de mantener el veto también, por lo que, salvo sorpresas por la presión que supondrá la crisis de ayer, no parece que nada vaya a cambiar hasta después de las elecciones de 2012.