Ortiz denuncia a una diputada de Compromís por decir que está “impregnado de corrupción”

Unas declaraciones de la diputada de Compromís Mireia Mollà de finales de abril son la base de una querella por atentado al derecho al honor que presentó contra ella el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal e implicado también en la supuesta financiación ilegal del PP que se investiga en el caso Gürtel. La diputada anunció una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto trato de favor de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a Ortiz en el barrio de El Pla para construir un aparcamiento. La denuncia después fue archivada.

Ortiz, que reclama a la diputada 150.000 euros, dice que las “expresiones de la demandada” suponen una grave intromisión en su derecho al honor y cita concretamente la afirmación de Mollà lamentando que Ortiz “se mueva libremente” por el Ayuntamiento de Alicante pese a ser “el empresario más impregnado de corrupción de todo el país”. La querella de Ortiz fue revelada ayer en las Cortes por el portavoz de Compromís, Enric Morera. “Lo que tiene que hacer Ortiz”, apostilló Mònica Oltra, portavoz adjunta de la coalición, “es dejar de ser corrupto y no denunciar a los que denuncian la corrupción”. Mollà, por su parte, pidió a Ortiz que retire la querella. “Después de conocer sus conversaciones, me he quedado corta”, afirmó.

En las grabaciones policiales a Ortiz que se han hecho públicas estos últimos días y que revelan la connivencia del empresario con la alcaldesa de Alicante y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ha quedado de manifiesto que Castedo buscó material para inculpar al portavoz socialista, Ángel Luna, pese a que Ortiz negó haber pagado unas obras en su casa.

Preguntado ayer por qué el PP se querelló contra Luna pese a ello, el portavoz popular, Rafael Blasco alegó que “no hay que entenderlo desde la mala fe” y, aunque dijo alegrarse del archivo del caso, insistió en que el diputado socialista “no ha podido justificar” quién pagó las obras. Blasco, que a principios de los años noventa fue absuelto de un supuesto intento de adjudicar irregularmente unos terrenos en Paterna cuando era consejero de Obras Públicas porque se anularon las grabaciones policiales, negó que a él se le pueda decir que tampoco pudo justificar su actuación (“se determinó que habían violado mis derechos constitucionales”, puntualizó), pero reconoció acto seguido que la sentencia de Luna “ha dejado claro que no existe ninguna responsabilidad”.