El tribunal acelera la causa por cohecho contra Camps

El Tribunal Superior de Justicia valenciano respaldó ayer en un auto al juez José Flors, instructor de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps (PP) y tres altos cargos. Flors decidió en mayo no incorporar a la llamada causa de los trajes a los cabecillas de la trama Gürtel, que presuntamente regalaron prendas de vestir por valor de miles de euros a Camps y al resto de imputados mientras la red corrupta se enriquecía a costa de las arcas públicas. El motivo: el Código Penal castigaba en el momento de los hechos a la autoridad que recibía dádivas entregadas en atención a su cargo “pero no la del particular que lo realiza”.

La decisión acelera el procedimiento contra Camps: si los jefes de Gürtel hubiesen sido incorporados a la causa, esta se habría demorado varios meses. La apertura o no de juicio al presidente solo está ahora pendiente de que el tribunal decida si acumula el grueso de la vertiente valenciana de Gürtel (financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación) a la causa de los trajes, algo que las fuentes consultadas consideran poco probable.

A la Audiencia Nacional

Flors siempre ha rechazado transformar la causa por cohecho impropio (penado con multa) en otra por cohecho propio (cárcel e inhabilitación). La razón es que, pese a que la investigación ha acreditado que la trama obtuvo decenas de adjudicaciones a dedo violando las normas de contratación pública, Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no adjudicaron personalmente esos contratos.

El juez llamó a declarar como testigos a 35 cargos de la Generalitat en mayo de 2009 que sí intervinieron directamente en dichas contrataciones. Flors les preguntó si recibieron instrucciones de alguien para elegir a Orange Market o a otras empresas de la trama, y todos lo negaron.

El testimonio de esos 35 cargos evitó que Camps fuera encausado por un delito más grave. Pero ahora les dará problemas. Los 10 jueces que han conocido el asunto han avalado los numerosos indicios de que los contratos se adjudicaron de forma irregular y que, por tanto, alguien debe pagar por ello.

Buena parte de esos 35 cargos serán ahora imputados en la causa principal de Gürtel, que previsiblemente terminará en la Audiencia Nacional. Enfrentados a duras penas por prevaricación o cohecho, señalan fuentes jurídicas, quizá recuerden que efectivamente alguien les instó a contratar con la red corrupta.