El fiscal censura a la juez de los ERE por las actas del Gobierno
Anticorrupción recurre el auto de suspensión del conflicto porque entiende, al igual que la Junta andaluza, que la juez debe enviar el caso de inmediato al Supremo
La Fiscalía Anticorrupción ha censurado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los supuestos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, por haber suspendido el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta, tras exigirle la magistrada que entregue las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años, a lo que se negó el Gobierno andaluz. El ministerio público considera que el Tribunal de conflictos de jurisdicción del Supremo es el único competente y no la Audiencia Provincial, instancia que debe pronunciarse al respecto, según Alaya.
La juez paralizó la tramitación del conflicto de jurisdicción por “coherencia procesal” y para evitar “tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios”, ya que existen recursos por este asunto planteados ante la Audiencia. Ahora Anticorrupción ha recurrido el auto de suspensión del conflicto porque entiende, al igual que la Junta, que la juez debía “oficiar inmediatamente al órgano administrativo [el Supremo], anunciándole así que queda formalmente planteado el conflicto”.
La Fiscalía Anticorrupción cree que la juez Mercedes Alaya invade competencias de la Junta de Andalucía al reclamar las actas de todos los Consejos de Gobierno desde el año 2001. En respuesta al requerimiento de inhibición planteado por la Junta, Anticorrupción advierte que Alaya se arroga facultades que no le corresponden al reclamar las 480 actas “en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados”.
La juez pide las actas sin “ninguna discriminación”, lo que, según el fiscal, abarca “tanto a las materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas), como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso)”.
Aunque Alaya precisó en un auto que solo le interesaban los acuerdos relacionados con la partida presupuestaria de los ERE, la fiscalía advierte de que las actas constituyen “un todo inseparable”.
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