Cerco al dispendio autonómico

La exigencia de ajustarse el cinturón ha situado al gasto de las comunidades bajo lupa

Francisco Camps y Carlos Fabra, en la inauguración del Aeropuerto de castellón
Francisco Camps y Carlos Fabra, en la inauguración del Aeropuerto de castellónÁngel Sánchez

¿Es lógico que Cataluña tenga una embajada en Berlín?, ¿resulta viable mantener 12 tribunales de cuentas?, ¿tiene sentido gastar 32 millones de euros a financiar informes como La chufa y el murciélago rana?, ¿vale la pena inaugurar un aeropuerto sin aviones?

Más de la mitad de las autonomías (9) registraron hasta marzo un déficit por encima del previsto (0,46% PIB). La exigencia de apretarse el cinturón ha situado bajo la lupa el gasto de las comunidades. “No sobran enfermeras, médicos, bomberos ni maestros, sino asesores”, dice Miguel Córdoba, profesor agregado de Economía Financiera. Pero el alcance de la tijera es limitado. Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional del País Vasco, fija las líneas rojas en la sanidad y la educación. “Deben reducirse lo menos posible”, dice. Tajadura ha coordinado un informe para racionalizar el gasto autonómico, que se ha disparado un 90% en los últimos tres años y medio. El documento, sufragado por la Fundación Ciudadanía y Valores, sugiere las siguientes medidas.

¿Es lógico que Cataluña tenga una embajada en Berlín?

Fin a los organismos duplicados. Acabar con los Consejos consultivos, tribunales de cuentas, consejos económicos e institutos de toda tipo con réplica estatal. Su puesta en marcha reduciría el gasto y, en algunos casos, aumentaría la eficacia. “Hay instituciones, como los tribunales regionales de cuentas, que cuanto más lejos se sitúen de lo que fiscalizan, más independientes son”, dice Tajadura. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sugerido la medida, pero sin concretar su aplicación.

Se acabó el político profesional. Fomentar la compatibilidad del diputado autonómico y provincial. Adelgazar el número de escaños y el aparato burocrático que conllevan. Su puesta en marcha exigiría un pacto político entre PP y PSOE para modificar los estatutos de autonomía.

Menos ayuntamientos. El 80% de los 8.112 municipios de España tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Son necesarios? A juicio del informe, no. Se podrían quedar en 2.000. Las corporaciones locales, cuyas competencias urbanísticas han desatado un torrente de casos de corrupción en la última década, deberían aglutinar a más de 10.000 habitantes. La idea se inspira en Grecia, que tras la crisis de deuda pasó en 2010 de 1.034 a 355 ayuntamientos. El país heleno ahorrará con la medida 1.185 millones al año.

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Adelgazar las Diputaciones. Sus competencias se solapan con los ayuntamientos, según el informe. Su coste de personal oscila entre el 32% y 40%.

Privatizar las teles autonómicas. Las trece cadenas regionales que operan en España generan 2.000 millones de gasto. La calidad de sus programaciones es irregular. Algunas como Canal 9, con 1.800 trabajadores (más que Antena 3 y Telecinco juntas) han inspirado tesis doctorales sobre manipulación informativa. Defensores de la privatización, como la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, han concitado las críticas de la oposición socialista, que acusa a los conservadores de favorecer el hundimiento de Telemadrid para saldarla entre amigos.

 El ‘abc’ del buen gestor

Entre una mala y una buena gestión hay hasta un 25% de ahorro. Jose Antonio Peláez, socio responsable del sector público de la consultora PricewaterhouseCoopers, resume en cuatro recetas las medidas para adelgazar las cuentas públicas:

Gestión eficiente de los proveedores. Revisar los contratos y la deuda a largo plazo. La crisis exige apretarse el cinturón. ¿Y las facturas en los cajones? Si existen, pagarlas.

Extender las centrales de compras: Sólo existen en el País Vasco y prevén implantarse en la Comunidad de Madrid. La idea de reducir el precio comprando grandes cantidades es antigua, pero su aplicación no tanto. Roma redujo su gasto público con esta iniciativa. En España, la mayoría la mayoría de los hospitales públicos negocian directamente con sus proveedores.

Gobierno transparente. Internet permite la administración de cristal: conocer en tiempo real la evolución de un concurso público, el importe de un contrato e, incluso, implantar los presupuestos participativos. El movimiento Open Goverment, popularizado por la administración de Barack Obama, detectó la necesidad y el 15-M lo reclama en sus reivindicaciones. “Los acampados tienen razón”, admite Peláez.

Sobre la firma

Joaquín Gil

Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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