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Camps y el PP se enfrentan al delito de financiación ilegal a las puertas del 22 M

El Tribunal Superior de Valencia decide si es competente para abrir la causa o la remite a Madrid

Las acusaciones: financiación irregular, delito fiscal, falsedad en documento mercantil, prevaricación y cohecho

Camps y otros dirigentes del PP en un mitin en Valencia Ampliar foto
Camps y otros dirigentes del PP en un mitin en Valencia

El PP valenciano, a las puertas de un éxito electoral histórico, se enfrenta a una investigación judicial por un delito especialmente grave: la financiación ilegal a través de empresas contratistas de la Generalitat Valenciana utilizando como intermediaria a la red corrupta Gürtel, que dirigía Francisco Correa.

Las acusaciones son mayores: pagos a través de la caja B y ocultación al fisco de más de 2,5 millones de euros; endoso a terceros de deudas propias y contrataciones irregulares recompensadas con regalos. Todas estas irregularidades o delitos fueron presuntamente  cometidas por el PP valenciano que preside Francisco Camps, imputado ya por un delito de cohecho impropio al aceptar regalos de la misma trama corrupta que le facilitaba la financiación ilegal del partido.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abordará hoy si es competente y abre una causa sobre uno de los delitos más graves que puede cometer un partido político o devuelve el expediente, cargado de pruebas comprometedoras para el PP valenciano, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según la investigación policial, hubo pagos a través de caja B y ocultación al fisco de más de 2,5 millones de euros

El PP se ha empeñado en reducir a los supuestos regalos de trajes la investigación a la que está siendo sometido judicialmente en el caso Gürtel. Sin embargo, las pesquisas se centran en otros manejos graves: financiación irregular (tipificado como delito electoral), fraude fiscal, cohecho y prevaricación. Las inculpaciones proceden de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) y de otro de la Agencia Tributaria (AET), realizados a partir de la documentación incautada en el registro de las empresas de los “amiguitos del alma” de Camps, los empresarios de Orange Market, una de las sociedades de la red Gürtel. Es la propia información de los acusados la que les ha descubierto.

De no existir indicios, la trama podría haberse archivado en el tiempo que lleva instruyéndose. Pero tampoco ha sido así. El parón al que ha sido sometida la investigación obedece a que hay que determinar cuál es el tribunal que debe encargarse del caso. El juez del TSJM, Antonio Pedreira, decidió, hace ahora un año, que era el TSJCV quien debía proseguir con la investigación. Entre recursos, alegaciones y plazos, no ha sido hasta hoy el día señalado para que la sala de lo civil y penal del tribunal valenciano empiece a deliberar si es competente para instruir la rama valenciana del caso Gürtel.

El parón al que ha sido sometida la causa se debe a que hay que determinar qué  tribunal debe encargarse de ella

En su auto de inhibición, el juez hablaba de cuatro delitos. Tres de ellos habrían sido cometidos por los populares y en el escenario del partido y el cuarto, por los mismos cargos del PP pero en la Generalitat Valenciana, es decir, afectando a las arcas públicas:

- Financiación irregular relacionada con las elecciones de mayo de 2007

El juez describe cómo, de acuerdo con la documentación, “un importante porcentaje de deuda que el citado partido [PP valenciano] habría contraído con la mercantil [Orange Market] se habría abonado de forma opaca en efectivo, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria”. Otra parte de esa deuda, añade el auto, “habría sido pagada por algunos empresarios” mediante el abono de facturas que “reflejarían servicios inexistentes”. El objetivo de tal maniobra era “según todos los indicios”, encubrir donaciones de esas empresas al PP. Cabe señalar que esos empresarios son adjudicatarios de varias instituciones gobernadas por los populares.

- Delito fiscal

Este delito se habría cometido al omitir en las declaraciones gastos por un importe de 2,5 millones de euros. Corresponde a los ingresos obtenidos por Orange Market del PPCV y que el partido ocultó al fisco.

- Falsedad en documento mercantil

La elaboración de facturas de “servicios inexistentes” para endosar la deuda del PP valenciano a ocho empresas hace al partido, por extensión, partícipe de esta trama de facturación falsa.

- Cohecho y prevaricación

El auto de Pedreira califica de “contundente” el informe sobre las irregularidades cometidas por la Generalitat valenciana en la contratación de las empresas de la trama Gürtel. Entre ellas destaca la adjudicación de los expositores de la feria de turismo FITUR y la visita del Papa a Valencia, que derivó en el pago de 6,4 millones de euros a la trama por un servicio que costó 3,1, con lo que los presuntos corruptos pudieron repartirse unas comisiones de más de tres millones de euros. Al margen de estas dos adjudicaciones, la Generalitat fraccionó contratos para la adjudicación sin control de decenas de contratos por un total de 7,2 millones de euros, procedentes todos ellos del dinero de los contribuyentes. Y, al tiempo que aumentaba la contratación a las empresas de la trama, se incrementaban los regalos a los dirigentes del PP.

Entres los implicados hay una decena de cargos populares, ocho empresas  supuestamente beneficiadas, el extesorero Bárcenas y Orange Market

La resolución del TSJCV no entrará en el fondo de la cuestión sino en si es competente o no para decidir sobre estos presuntos delitos. Sin embargo, asumirlo como propio es tanto como corroborar que en su presunta comisión hay indicios de implicación de políticos del PP valenciano. Además, también habrá de delimitar sobre quiénes va a actuar, ya que en el listado de implicados aparecen una decena de cargos populares, las ocho empresas a las que supuestamente se endosó deuda del PP, el extesorero Luis Bárcenas y Orange Market.

Fue el propio TSJCV quien desveló que hoy iniciaría sus deliberaciones. Es más que probable que la resolución no se dicte hoy ni mañana. Pero también es posible que la votación y fallo, sin el argumentario, se decida entre hoy y mañana. Y la sala, sea cual sea su decisión, no debería hurtar al electorado la posibilidad de conocerla.