Los Gobiernos del PP rehúyen los debates

Parecía que la campaña de las elecciones generales de 2008 -en la que después de 15 años sin debates cara a cara se pactaron dos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy- iba a servir de ejemplo para recuperar en la política española un formato habitual en las democracias avanzadas. No será así. El 22 de mayo se celebran comicios autonómicos y municipales, y de nuevo hay problemas. Y una vez más, mayoritariamente pero con excepciones, las pegas vienen del PP.

En 2004, Rajoy rechazó debatir con Zapatero. Se sentía ganador. Él mismo admitió después que fue un error. Ahora, siete años después, todos los presidentes autonómicos del PP, que como Rajoy entonces también se sienten ganadores, insisten en rehuir el cara a cara con sus adversarios.

La cultura del debate como derecho de los ciudadanos y no como prerrogativa de los políticos no se ha instalado aún en España. La campaña está condenada pues a ser una sucesión de monólogos y acusaciones cruzadas, con respuestas a través de la prensa.

Los presidentes autonómicos populares Francisco Camps (Comunidad Valenciana), Ramón Luis Valcárcel (Murcia), Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Pedro Sanz (La Rioja) no parecen tener ninguna intención de debatir en campaña con sus rivales.

La única excepción -relativa- es, como resulta ya habitual, Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña ofreció ayer a través de su responsable de campaña, Francisco Granados, una fórmula particular de debate a tres (con PSOE e IU). Pero los socialistas desean celebrar un cara a cara clásico.

Los populares han recrudecido en los últimos días sus ataques a RTVE

Rajoy no ha dado ninguna instrucción a sus dirigentes territoriales para que acepten los debates. Al contrario, les ha dado libertad total. Cada uno que haga lo que quiera. El PP no considera pues una obligación la de debatir en campaña.

Casi todos los gobernantes socialistas, siguiendo la línea marcada por la dirección de su partido, han decidido proponer debates.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández-Vara, ha rechazado sin embargo un cara a cara clásico con el candidato popular, Carlos Monago. Fernández-Vara ha explicado que se niega "a un debate prefabricado con turnos de tres minutos cada uno, con todo pactado, y con monólogos sucesivos". "Yo he propuesto debates cara a cara, pero con participación ciudadana, para que los colectivos que lo deseen nos pregunten a los dos", explicó el presidente extremeño a este periódico.

Monago, que aceptó en principio ese formato, lo rechazó tras el primer encuentro. Cree que le perjudica y prefiere un modelo similar al último cara a cara mantenido entre Zapatero y Rajoy (todo pactado y sin público). Este es el esquema que se ha impuesto en toda España. Pero Fernández-Vara lo rechaza, así que muy probablemente allí tampoco habrá debate.

En Castilla-La Mancha, el presidente socialista, José María Barreda, ofreció un debate en la televisión autonómica a su adversaria popular, Dolores de Cospedal, que esta rechazó al considerar que esa cadena no es imparcial y nunca la tiene en cuenta. Ahora, el PSOE propone un debate en la Federación de Asociaciones de la Prensa de Castilla-La Mancha. Aún no ha recibido respuesta.

El rechazo de los Gobiernos populares a los debates televisivos llega en plena polémica por la información electoral. El PP ha recrudecido su ofensiva contra RTVE y, además, ha anunciado que no reclamará el cumplimiento de una ley -que ellos mismos elaboraron junto al PSOE- para exigir a las televisiones privadas que durante la campaña mantengan los principios de pluralidad de forma similar a como lo hacen las cadenas públicas.

Lo hace además solo unas semanas después de que el PP valenciano, presidido por Francisco Camps, enviara una reclamación a la Junta Electoral para que las televisiones no pudieran utilizar en campaña términos como el de "corrupción". Camps acabó retirando su petición tras las protestas generalizadas.