Se atasca la reforma de la ‘ley mordaza’, un nuevo arsenal fiscal para Europa y los rastreadores de trombos
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La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza— que negocian los grupos parlamentarios que en 2018 garantizaron la investidura de Pedro Sánchez avanza en aspectos como la eliminación de las sanciones en manifestaciones espontáneas y pacíficas en lugares de tránsito público. Tampoco se podrá castigar la difusión de fotografías o grabaciones de policías en concentraciones si se hace con carácter informativo. En cambio, no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en lo referente al rechazo a inmigrantes indocumentados en frontera sin asistencia jurídica. El Ministerio del Interior quiere que las llamadas devoluciones en caliente se mantengan en la futura norma con las condiciones que fijó el Tribunal Constitucional. Así, el rechazo a inmigrantes indocumentados podría llevarse a cabo salvo cuando se trate de personas vulnerables, como menores de edad, embarazadas o incapacitados. El negociador de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quiere que la ley contemple que “la dignidad de la persona y los derechos humanos sean la guía de la intervención policial”.
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