Cobalto, litio y níquel: África paga la factura de la transición energética del Norte

África va a pagar la factura de la transición energética del norte global. Así lo creen colectivos de la sociedad civil, que alertan de que el actual sistema de extracción de los llamados minerales críticos, como el cobalto, litio, níquel o zinc, considerados claves para dicha transición, beneficia sobre todo a empresas y países desarrollados, y provoca un impacto ecológico que se incrementará en las próximas décadas. “Si no cambiamos la manera de repartir los beneficios de la industria, África va a recibir las migajas de esos minerales y no va a salir de la miseria”, asegura Brice Mackosso, miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que se reunió esta semana en Dakar.

El lago Nzilo, en la República Democrática del Congo (RDC), es frecuentado por los habitantes de Kolwezi como lugar de ocio y pesca. Sin embargo, sus aguas presentan un alto contenido en arsénico y otros productos químicos nocivos debido a la presencia cercana de varias minas de cobalto, según la investigadora Zélie Pelletier Hochart, de la ONG Global Witness. Las comunidades próximas a estas explotaciones sufren una mayor tasa de cirrosis, abortos, malformaciones congénitas y cáncer, entre otras enfermedades, y, pese a ello, siguen en la miseria. Así lo recoge la experta en su memoria final de máster The Dark Side of The Energetic Transition: Cobalt Mining (el lado oscuro de transición energética: la minería del cobalto), de 2021. “El empobrecimiento que empuja a los hogares a la minería se ve exacerbado por la misma industria que no logra crear riqueza localmente”, anota en su estudio.

El Banco Mundial calcula que la demanda de minerales críticos como cobalto, cobre, litio o zinc aumentará un 500% hasta el año 2050

La RDC exporta alrededor del 70% de todo el cobalto mundial, según Naciones Unidas. Junto al cobre, el litio, el zinc, el manganeso, el níquel o el cromo, forma parte de la familia de los llamados minerales críticos, claves en la construcción de coches eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares o baterías. Es decir, la base material de la llamada transición energética para que el mundo abandone los combustibles fósiles y avance hacia otras fuentes más sostenibles, frenando así el calentamiento global. No son muy frecuentes y sus principales reservas se encuentran en África, América Latina, Australia y el Sureste asiático. Sin embargo, el Banco Mundial calcula que su demanda aumentará un 500% hasta el año 2050.

“La mayor parte de esos minerales están en tierras que pertenecen a las comunidades indígenas o que dependen de ellas para su supervivencia”, asegura Solange Bandiaky-Badji, directora del Grupo por los Derechos y los Recursos (RRG). “La actividad extractiva tiene enormes efectos negativos, como la contaminación del agua o la deforestación. El Valle del río Congo es el segundo pulmón mundial tras la Amazonía y vemos cada vez más inversores de China, países del Golfo, Sudáfrica o India atraídos por la explotación minera. Es urgente adoptar mecanismos claros que fijen límites ambientales a esa industria, que los beneficios se repartan de manera equitativa, que se respete la decisión de las comunidades locales”, añade.

Precisamente para avanzar en esa dirección, representantes de más de 50 países, casi todos del sur global y con la más que notable ausencia de buena parte de Europa y de potencias económicas como Estados Unidos y China, se reunieron esta semana en Dakar en el marco de la EITI. Esta es una iniciativa mundial que nació en 2003 y reúne a gobiernos, empresas y sociedad civil para promover la transparencia financiera y los protocolos de actuación de la industria extractiva mundial. “Hemos aprobado un nuevo estándar que pone aún más el acento en la necesidad de informar sobre el impacto ambiental y que los datos lleguen a la ciudadanía. Pero también en que los beneficios sociales incidan en las mujeres, que suelen ser las más perjudicadas por esta industria”, asegura Vanessa Cueto La Rosa, representante de la sociedad civil latinoamericana en la EITI.

“En la República del Congo tan solo el 27% de los beneficios del petróleo se quedan en el país, el resto va al extranjero y sobre todo a las empresas extractoras”

Brice Mackosso, miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

El estándar 2023, aprobado esta semana en Dakar, plantea exigencias de transparencia para incidir en la lucha contra la corrupción, las cuestiones de género, sociales y ambientales, la recaudación de ingresos y la transición energética. Pero la cuestión es si las empresas y gobiernos van a facilitar toda la información necesaria y respetar lo pactado. “Hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer”, explica la libanesa Diana Kaissy, representante de Oriente Medio y el norte de África de la EITI. A juicio de Bandiaky-Badji, habría que ir a políticas más contundentes que incluyan sanciones. “Los defensores del medio ambiente están siendo asesinados en todo el mundo, especialmente en Brasil y Colombia, y eso es inaceptable. Hay que perseguir los crímenes ambientales”, asegura.

Tal y como reconoce el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “los minerales que están en el origen de la transición hacia una energía limpia tienen un coste social y ambiental y, paradójicamente, su propia impronta de carbono desde su extracción hasta su utilización final”. Las minas de cobalto de Kolwezi, por ejemplo, utilizan motores de gasóleo en buena parte del proceso. Casi siempre, las zonas mineras se encuentran en áreas alejadas, ecológicamente sensibles, y el riesgo de deforestación, desplazamiento de poblaciones y generación de vertidos en los ecosistemas es muy elevado.

“Es una enorme factura ambiental, pero lo más doloroso es lo poco que deja a cambio en África”, concluye el congolés Mackosso. “Antes de intensificar la producción de minerales críticos tenemos que cambiar el modelo. Tras un estudio llevado a cabo en la República del Congo descubrimos que tan solo el 27% de los beneficios del petróleo se quedan en el país, el resto va al extranjero y sobre todo a las empresas extractoras. ¿Vamos a continuar así, permitiendo que otros se lleven nuestras riquezas? Esa es la gran pregunta”, comenta este activista. “Y, por último, ¿qué transición energética vamos a tener en África si el 60% de la población no tiene acceso a la electricidad hoy en día? Al final vamos a llevarnos una miseria por permitir que otros vayan a un modelo más ecológico mientras nosotros pagamos la factura ambiental. No lo veo”, concluye.

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