Cuatro condiciones necesarias para eliminar la violencia machista en América Latina y el Caribe

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

En América Latina y el Caribe, dependiendo del país, entre 17% y 53% de las mujeres indican haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de sus vidas. No solo la escala y ubicuidad del problema son alarmantes, sabemos que las consecuencias de la violencia sexual y basada en género son devastadoras. En primer lugar, por el impacto sobre la salud física y mental, y hasta la vida de la mujer y sus hijos, pero también a nivel del desarrollo de los países, por los costos directos y la pérdida de productividad, en el presente y a futuro. Solo para tener una idea del orden de magnitud, el costo económico de la violencia se ha estimado en 3.7% del PIB en Perú y en 4.2% en Colombia.

Este era el trágico panorama pre-covid-19. Las medidas preventivas de distanciamiento social y restricción a la movilidad, aunados a la ansiedad de la pérdida de ingresos y el incremento de las tareas domésticas han aumentado los conflictos en las familias. Las evidencias de los últimos meses en la región sugieren un incremento de la violencia doméstica, al punto que muchos la han denominado la “pandemia silenciosa”.

La violencia contra la mujer es un problema complejo, por lo cual para enfrentarlo se requiere una respuesta contundente, sostenida, coordinada e innovadora.

Contundente, porque un problema que afecta a una de cada tres mujeres y genera un costo superior al 3% del PIB debe ser priorizado en la agenda pública. Si conocemos la magnitud del problema y sus consecuencias es imperativo asumir el compromiso moral y político de ofrecer soluciones e invertir suficientes recursos para su implementación efectiva.

Sostenida, porque la violencia de género tiene sus raíces en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. No podremos cambiar arraigadas normas sociales con relación a la desigualdad de género y la aceptabilidad de la violencia con una sola campaña de comunicación o en una sesión de sensibilización, por maravillosas que sean. Modificar los roles tradicionales de género es un proceso que toma tiempo, pero es posible si lo asumimos como un esfuerzo de largo plazo.

Coordinada, porque la prevención y la respuesta a la violencia contra la mujer es una tarea que involucra la actuación de múltiples sectores y actores, por lo cual es necesario intervenir desde los distintos ámbitos y sumar esfuerzos para maximizar los resultados. Solo cuando recibamos mensajes consistentes y exista una toma de acción coordinada desde la escuela, los centros de salud, los medios de transporte, la policía, la justicia, los medios de comunicación y en los lugares de trabajo, comenzaremos a ver los cambios.

Innovadora, porque si bien la violencia sexual y de género es un problema viejo, para solucionarlo tenemos que utilizar nuevas formas de abordarlo, haciendo uso de la oportunidad que representa el rol creciente que tienen las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en nuestra vida cotidiana y la comprensión que tenemos hoy sobre cómo a través de la economía del comportamiento se puede influir en las decisiones.

En América Latina y el Caribe, dependiendo del país, entre 17% y 53% de las mujeres indican haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de sus vidas

En el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo estamos trabajando desde todos los frentes para apoyar a los países de la región a implementar soluciones que cumplan con estas cuatro características. Ante las evidencias del aumento de la violencia en el contexto de covid-19, el tema ha adquirido un perfil aún más alto: a través del intercambio de buenas prácticas en el diálogo regional con las autoridades, mediante la integración de intervenciones específicas en las operaciones de educación, salud, protección social, desarrollo urbano, seguridad o transporte, en las herramientas de medición de riesgo y a través de asistencia técnica a nivel regional incorporando el uso de tecnología en los programas de prevención de la violencia y atención a mujeres sobrevivientes, como estrategia para mantener la continuidad, ampliando la cobertura y calidad de los servicios.

En Perú, estamos trabajando junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en ingles) y la organización de Innovaciones para la Lucha contra la Pobreza (IPC, por sus siglas en inglés) en el desarrollo de una prometedora intervención digital para promover una masculinidad saludable respaldada en las ciencias del comportamiento. La implementación y evaluación de impacto permitirá saber si es un modelo efectivo que puede replicarse en otros países.

Otro ejemplo de innovación es el apoyo ofrecido a Honduras para el desarrollo de la plataforma digital Conecta, que permite a las mujeres que sufren violencia conectarse en línea con servicios de orientación, atención psicosocial y asistencia legal, superando las restricciones de movilidad impuestas por covid-19, los huracanes y cualquier otra barrera que limite su capacidad de recibir servicios presenciales.

La violencia sexual y de género es asunto de todos y todas. Con acciones contundentes, sostenidas, coordinadas e innovadoras podemos romper el ciclo de la violencia y lograr sociedades más seguras y prósperas.

Claudia Piras es especialista líder de la División de Género y Diversidad del BID.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.