De la crítica al bulo

La regularización generalizada de inmigrantes irregulares anunciada por el Gobierno de España, que podría cambiar el estatus legal de más de 800.000 personas, es una iniciativa política de calado y, por tanto, susceptible de un intenso debate político. No se pueden obviar los desafíos e incluso tensiones que implica la inmigración. Pero resulta inquietante que la legítima e incluso deseable crítica política esté contaminada de prejuicios xenófobos y bulos que han envenenado el debate en torno a la inmigración en otros países.

El Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, obviando o desconociendo la ley, alentó un bulo atizado por la ultraderecha de Vox: que el objetivo de la regularización es manipular el censo electoral para los próximos comicios con más de medio millón de nuevos votantes que, en teoría, estarían cautivos para la izquierda. Tuvieron que pasar 48 horas para que el PP admitiese que no es cierto. Los inmigrantes que obtengan un permiso de residencia este año no podrían votar como mínimo hasta 2028, y no todos. Tras admitir a regañadientes que se trataba de un bulo, el PP atacó el “clientelismo político” de la decisión. Ante el intento de europeizar el debate, la Comisión recordó que la política migratoria es competencia de cada Estado.

No todo el partido estuvo dispuesto a recoger velas de la mentira. Pese a la evidencia legal, todavía ayer la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, volvía a la carga con el bulo de “jugar con los censos”, entre otras consideraciones teñidas de clasismo xenófobo. Los populares deberían aclarar si consideran que José María Aznar manipuló el censo cuando, entre 2000 y 2001, regularizó a más de 500.000 extranjeros, muchos de los cuales habrán obtenido la nacionalidad española y con ella el derecho al voto.

No faltan aspectos cuestionables en la regularización extraordinaria. Por ejemplo, que haya tardado casi dos años en ver la luz desde que el Congreso aprobase, con el voto de todos los grupos menos Vox, tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) en ese sentido, y lo haya hecho por la necesidad de Pedro Sánchez de atraer a Podemos a su precaria mayoría parlamentaria; que su aprobación por decreto hurte el imprescindible debate en el Congreso; que coloque en una situación complicada a los solicitantes de asilo; o que se anuncie un plazo de tres meses sin aclarar cómo se va a procesar el aluvión de solicitudes. Las propias exageraciones maximalistas de Podemos (“ojalá teoría del reemplazo”, dijo Irene Montero) no contribuyen al rigor en el debate.

Pero en lugar de representar a los ciudadanos que se hacen estas y otras preguntas, el PP ha decidido agitar fantasmas que presentan a los inmigrantes como una amenaza con bulos que alimentan a Vox. Es un error pensar que la derecha tradicional puede subirse a ese carro electoral sin perder su lugar. Y mientras, el debate público se degrada. Cuando una mentira sobre la inmigración se transmite una y otra vez a la población, resulta muy difícil desactivarla, por más que todos los datos la desmientan. Lo hemos visto a cuenta del uso por los inmigrantes de los servicios públicos, las ayudas sociales, o la delincuencia.

El PP ha hecho regularizaciones de inmigrantes en el pasado y apoyó la toma en consideración de la ILP en el Congreso. El papel de un partido de Estado, que puede tener que lidiar con esta misma situación en el futuro, como lo ha hecho en el pasado, es convencer con argumentos políticos basados en la realidad. La demagogia nativista es asunto de Vox.