Aspavientos autonómicos

El debate sobre las finanzas autonómicas mantenido ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —la reunión de la ministra de Hacienda con los consejeros territoriales— arroja resultados sorprendentes. Uno de ellos es que el plan de dotar a las comunidades de unas abultadas entregas a cuenta para 2025 —más de 147.000 millones, un 9,5% superior a las de 2024, es decir, un récord histórico— haya sido recibido sin el reconocimiento que merecía financiación tan considerable, coherente con la aplicada desde la pandemia. Igual sucede con la flexibilidad ofrecida por la vicepresidenta Montero en el margen de gasto de las comunidades, que aumenta dos décimas del PIB, lo que supone mayor disponibilidad de recursos para sanidad, educación y dependencia, partidas que representan en torno a tres cuartas partes del gasto autonómico y que, sin duda, requieren aún mejores dotaciones dado el estrés que sufren servicios que son nucleares del Estado del bienestar.

Nadie levanta tampoco la voz para reclamar un ejercicio de responsabilidad y rigor: el necesario aumento del control, autocontrol o supervisión detallada sobre la ejecución de estas nuevas cantidades. Es la inercia autocomplaciente que se arrastra desde la crisis de la covid, encauzada gracias al amplio uso de la chequera de la Administración General del Estado en favor de las autonómicas. Bien al contrario, la desaparición en algunos presupuestos regionales de las partidas de acogida ha hecho posible que, al hilo del reciente episodios del reparto de menores migrantes, ciertos ejecutivos se quejen de infrafinanciación.

Todos los altavoces han estado, sin embargo, en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, devuelto a la actualidad a partir de la reivindicación de la Generalitat de un esquema “singular” para Cataluña, lo que ha llevado a muchos —del consejero popular de Murcia al socialista de Castilla-La Mancha— a hablar de insolidaridad, de agravio comparativo. Es de momento un debate semántico, puesto que se desconocen los detalles de ese esquema. Responsable de esa deriva es el propio Govern en funciones, que en convocatorias pasadas no se dignó a enviar a su consejera del ramo a las reuniones del CPFF. Si lo hizo ayer fue por razones tácticas y nada institucionales, es decir, cuando lo ha juzgado conveniente para las negociaciones de su partido, ERC, con el PSC de Salvador Illa.

La dinámica de la exageración verbal —parte de la estrategia de erosión institucional del PP— no solo desacredita a quienes la practican sino también al propio Consejo, socavando así su condición de ser uno de los escasos foros útiles para fraguar consensos transversales entre distintas sensibilidades políticas y diferentes niveles de gobernanza.

Hasta ahora, los cambios estructurales en materia de financiación han procedido siempre de negociaciones bilaterales, singularmente con Cataluña, cambios que después se han extendido a las demás comunidades: desde la ampliación de recursos autonómicos —primero el 15% del IRPF, más tarde el 30%; al cabo la mitad de la recaudación de varios grandes impuestos— hasta el ajuste de las inversiones regionalizables, recogido después en varios Estatutos de autonomía. No se rompió España en ninguna de esas ocasiones. Si ahora se pretende abordar de verdad una reforma necesaria, y que necesariamente tendrá diversas singularidades, deben sentarse y debatir, pero harían bien en ahorrar a los ciudadanos una teatralización del desgarro español que la realidad ha desmentido de forma tozuda.