Justicia y política

El juez Juan Carlos Peinado irrumpió ayer en la campaña europea al comunicar que ha citado para el 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los hechos que han llevado a este instructor a llamar a declarar a Gómez se exponen en una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias a través de una selección de noticias, algunas manifiestamente falsas y la mayoría sin indicios claros de los delitos denunciados. Pese a ello y a la jurisprudencia del Supremo, contraria a aceptar este tipo de denuncias, el juez admitió a trámite la querella y abrió diligencias de investigación contra Gómez. Ayer, además, anunció la citación, pese a que hay una regla no escrita que suelen cumplir muchos tribunales para no condicionar el voto de los ciudadanos: aplazar este tipo de decisiones para después de la cita con las urnas.

La acción del instructor citando a Gómez para dentro de un mes permitió ayer a la derecha y a la ultraderecha centrar su campaña en gravísimas acusaciones por hechos que nadie ha probado. Más bien al contrario: su encargo principal para aclarar los hechos dio resultado negativo. La Guardia Civil investigó contratos y a personas durante 21 días, tras los que elaboró un informe de 116 páginas y seis anexos donde no halló ni un solo indicio de los delitos denunciados por Manos Limpias. Ese informe destapa además la falsedad de algunos de los hechos incluidos en la querella. Ese trabajo, que el juez tiene en su poder desde el pasado 14 de mayo, no solo analizó los contratos bajo sospecha, sino también otros muchos adjudicados por el mismo departamento del Ministerio de Economía, sin encontrar rastro de irregularidad en las adjudicaciones a Carlos Barrabés. Este empresario aragonés logró, según el informe de la Guardia Civil, decenas de contratos de otras administraciones públicas, algunas gobernadas por el Partido Popular.

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el recurso de la Fiscalía contra la apertura de diligencias a Gómez y validó la investigación del juez Peinado con algunas salvedades: la denuncia “deslavazada” contenía “un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos” y la acusación de tráfico de influencias para facilitar el rescate de Air Europa por parte del Gobierno con un préstamo de 475 millones durante la pandemia se basaba en una “simple conjetura más allá de coincidencias temporales y personales”. Sin embargo, añadía que la carta de recomendación firmada por Begoña Gómez a favor de una empresa cuyo dueño, Barrabés, había sido profesor en la cátedra que ella dirige en la Universidad Complutense era indicio suficiente para continuar con la investigación. La Audiencia, no obstante, señalaba que si “verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye, procederá acordar el archivo inmediato”.

Ayer el juez decidió citar como investigada a Begoña Gómez sin esperar a la declaración de los testigos y sin que haya una sola prueba del delito que investiga, al menos por lo que se conoce del sumario, cuyo secreto se levantó hace días. Entra dentro de sus competencias hacerlo. También los afectados están en su derecho de recurrir la decisión y de cuestionar la imparcialidad del instructor en la causa. A ese cuestionamiento ha contribuido el propio magistrado al hacer pública su decisión en la recta final de una campaña electoral, pero también al saltarse el secreto de sumario que él mismo decretó para informar a las acusaciones populares, al abrir diligencias sin pedir opinión previa a la fiscalía y al comunicar algunas de esas diligencias a través de los servicios de prensa antes de que las conociera el abogado de la persona investigada.

Por más que lo jalee el antisanchismo visceral, el PP de Feijóo debería saber que no se puede tener como único programa político la denuncia de unas asociaciones ultraderechistas investigada por un juez que colecciona en esta instrucción toda clase de decisiones sorprendentes y que se corona anunciando a cinco días de unas elecciones una citación para declarar dentro de un mes. Los populares pedían ayer dimisiones por unos hechos que ni siquiera este juez ha acreditado todavía. Las cosas son, desgraciadamente, como parecen. Con la información disponible hasta el momento, se trata de un caso político en el que todo el que ha podido hacer algo lo ha hecho para erosionar aún más un clima público que bebe de la frustración de las derechas españolas desde el 23 de julio del año pasado. Las elecciones se ganan en las urnas y las mayorías en el Congreso de los Diputados.