A favor de una prestación por crianza
La ayuda directa por hijos menores a cargo es una medida coherente con el combate necesario contra la pobreza infantil
España goza de una envidiable salud económica en el entorno europeo y las previsiones de crecimiento son al alza. No se explica que en esta coyuntura de prosperidad sea al mismo tiempo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil.
Un 28,9% de todos los menores de 18 años están en riesgo de pobreza. Los 2,3 millones de niños que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza crecen con menos oportunidades, peor salud y peores expectativas laborales. Según cálculos de Unicef, 550.000 niños españoles ni siquiera pueden permitirse comer carne o pescado dos veces a la semana. Buena parte de quienes representan el futuro del país no participa de la prosperidad económica. Mientras no se mejoren las condiciones de vida de estos menores no se romperá el círculo que perpetúa la pobreza.
A la hora de corregir desde las instituciones esa desigualdad, España es uno de los países que menos invierte en políticas de familia e infancia: 1,5% del PIB, frente al 2,4% de la UE. Este es el contexto en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, propone incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, previstos para 2025: una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que percibirían todos los menores hasta cumplir 18 años, independientemente de la renta de sus padres. Puede parecer una medida muy ambiciosa, pero muchos expertos consideran la ayuda directa como la única forma de incidir realmente sobre las condiciones de pobreza material de niños y adolescentes. Existen ayudas directas contra la pobreza infantil en la mayoría de países de la UE.
La medida figura en el programa de Sumar, pero no en el pacto de Gobierno con el PSOE. En la anterior legislatura, Unidas Podemos intentó incluirla en el proyecto de Ley de Familias, pero no prosperó. El actual proyecto en tramitación recoge el derecho a una prestación de 100 euros al mes por hijos a cargo hasta los tres años, pero no garantiza su aplicación universal. Sumar lo considera “un primer paso”. La propuesta de Díaz es un punto de partida con la ambición necesaria.
También deben materializarse otras dos medidas que sí figuran en el pacto de Gobierno firmado por PSOE y Sumar: ampliar los permisos de maternidad y paternidad de las actuales de 16 semanas a 20, y remunerar cuatro de las ocho semanas del permiso parental para atender niños menores de ocho años, medidas que además podrían tener un impacto en la decisión de tener hijos: la tasa de natalidad actual es de las más bajas del mundo, incapaz siquiera de garantizar el reemplazo de la población española actual. Las medidas valientes contra la pobreza infantil benefician a toda la sociedad a largo plazo, aparte de combatir una injusticia.
