La dignidad de Mónica Oltra

Mónica Oltra ha sido exonerada en la causa judicial contra ella por la que tuvo que dimitir como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana en junio de 2022. El juez de instrucción ha decretado el sobreseimiento provisional del caso en un contundente auto en el que, tras dos años de investigación, sostiene que “no existe un solo indicio” de que Oltra cometiera los delitos por los que fue imputada, y que las afirmaciones de la denuncia original son “insostenibles”.

Como líder de Compromís, Oltra fue consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Gobierno de coalición valenciano —junto al PSV-PSOE y Unides Podem— desde 2015 hasta su dimisión. En 2019, su exmarido fue condenado por abusos sexuales a una menor de edad tutelada por la Comunidad. Al depender los centros de menores del departamento de Oltra, la oposición de PP y Vox decidió lanzar una campaña prospectiva en la que se afirmaba que como consejera había maniobrado para ocultar el delito. Ella dijo siempre que era una insidia. Vox ejerció la acusación popular. En 2022, el juez de instrucción pidió la imputación de la vicepresidenta y de 14 de sus colaboradores para poder investigar con garantías, a pesar de la falta de pruebas consistentes. En ese momento, la clase de sospechas que pesaban sobre ella hacían imposible el ejercicio de su cargo con la necesaria autoridad. Sin dejar de defender su inocencia y ante la presión general, de su partido y de sus socios de Gobierno, Oltra dimitió para no perjudicar a la Generalitat.

La política no es amable a corto plazo con quienes hacen lo correcto y ponen las instituciones por encima de sus ambiciones. Demetrio Madrid dimitió en 1986 como presidente de Castilla y León por una acusación que se demostró falsa. El PSOE no ha vuelto a gobernar allí. La ausencia de Oltra, principal valor político del espacio compartido por la izquierda y el nacionalismo valencianos que representa Compromís, obligó a la coalición a reconfigurar su liderazgo para las elecciones autonómicas de mayo de 2023. La coalición bajó 90.000 votos y dos diputados y fue imposible repetir la mayoría progresista. El PP se hizo con la Comunidad Valenciana en coalición con Vox, el mismo partido que, en un caso palmario de judicialización de la política, continuó en los tribunales la cacería contra Oltra ejerciendo de acusación particular con el indisimulado propósito de alargar las diligencias todo lo posible.

La reivindicación de Mónica Oltra debe hacer reflexionar a todos sobre el uso torticero de la justicia como herramienta política. A los partidos, sobre el estándar de responsabilidad exigible ante las sospechas de irregularidad, que ha de ser de igual nivel para todos. A los jueces, sobre quién responde ante errores de tanto calado y ante tan enormes divergencias entre una imputación gravísima y su demostrada ausencia de fundamentos, motivo ayer del contundente pero demorado archivo de la causa. El hiperactivo y caducado Consejo General del Poder Judicial quizás encuentre ocasión de ocuparse de ello. A los periodistas, a todos, reflexión sobre la obligación de detenerse y valorar las pruebas fehacientes ante una imputación judicial.

Al dimitir, Oltra sentó un importante precedente ético del que está muy necesitada nuestra vida política. Este periódico pidió entonces que diera un paso al lado hasta que se aclarara su situación procesal ante su imputación en un caso tan delicado. Desde la autoridad que le da haber sido exonerada, puede recuperar su carrera donde la dejó, algo que no deberían poder hacer quienes se aferran a sus cargos entre insultos. El día de su dimisión, afirmó que el caso era “una infamia judicial y mediática” que “pasará a la historia”. Se ha reivindicado palabra por palabra. Y se ha ganado en los juzgados el derecho a escribir ella misma cómo acaba esa historia.