Ecuador necesita garantías

La institucionalidad sigue dando muestras de un grave deterioro en Ecuador. El asesinato en dos cárceles del país de los siete detenidos por la muerte del candidato Fernando Villavicencio —cercano al presidente saliente, Guillermo Lasso— ha puesto de manifiesto la profundidad de la infiltración del crimen organizado en el Estado. Los detenidos, seis de ellos considerados los sicarios colombianos que mataron al político, fueron ahorcados en una prisión de Guayaquil ante la indiferencia de los guardas. No es la primera vez que las prisiones de Ecuador se convierten en un infierno para los presos: más de 400 han perdido la vida en distintas masacres desde 2020.

Los ecuatorianos escogerán este domingo a su próximo presidente en medio de un ambiente de incredulidad ante la deriva que ha tomado en los últimos años el pequeño país latinoamericano (18 millones de habitantes), a salvo durante décadas de los estragos que los grupos criminales vinculados al narcotráfico provocaron en sus vecinos. Si la primera vuelta estuvo marcada por el magnicidio de Villavicencio el 9 de agosto, apenas días antes de que se abrieran las urnas, este domingo los electores votarán con la certeza de que el Estado titubea en el control de su territorio. Días antes de los asesinatos de los presos, Estados Unidos había ofrecido hasta cinco millones de dólares por cualquier información que condujese a los autores intelectuales del crimen del candidato presidencial. Todo apunta a que alguien habría querido silenciar a los detenidos y no encontró obstáculo alguno en su camino.

La situación geográfica de Ecuador lo ha convertido en un lugar apetecido por los narcos colombianos y mexicanos, que comenzaron hace años a establecerse en este enclave estratégico: con frontera con los dos mayores productores de coca del mundo (Colombia y Perú), con una extensa costa en el Pacífico y una economía dolarizada que hace más fácil el lavado de dinero. Fue precisamente en las cárceles desde donde estos grupos fortalecieron su organización y extendieron sus tentáculos al resto del país. En las últimas semanas, el aumento de la violencia ha encerrado a miles de ecuatorianos en sus casas por el miedo.

El joven empresario Daniel Noboa y la ganadora de la primera vuelta, Luisa González —representante de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa—, se enfrentarán el domingo en unas presidenciales que, según las encuestas, siguen en el aire por el alto número de indecisos. El ganador tendrá por delante el reto de recuperar un Estado que, además de la violencia y de un frágil horizonte económico, sufre una grave crisis política causada por el enorme descrédito de todas las instituciones. Para ninguno será fácil tomar las riendas de un país que solo gobernarán durante 16 meses. Las elecciones anticipadas convocadas por el mandatario saliente, Guillermo Lasso —inmerso en un juicio político por supuesta corrupción que podría haberlo llevado a su destitución— obligan a que el próximo presidente se limite a terminar el mandato ya comenzado. En cualquier caso, la obligación de quien gane es tomar el control del país frente a los grupos criminales. Garantizar la vida de los privados de libertad sería un buen punto de partida.