La fábrica de la ignorancia

El pasado 30 de enero, el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó al gerente y administrador de Cosentino S.A. por cinco delitos de lesiones graves por imprudencia grave al no haber facilitado a la empresa Granitel suficiente información sobre los riesgos y peligrosidad a la salud derivados de la manipulación de su producto Silestone (sentencia 35/2023). La misma sentencia condenó al administrador único de Granitel por los mismos delitos junto a otro contra los derechos de los trabajadores por las graves omisiones cometidas en materia de prevención de riesgos laborales. Los hechos probados podrían ser asimilados a prácticas de generación de ignorancia de los riesgos sanitarios causados por la manipulación de los aglomerados de cuarzo.

Los aglomerados de cuarzo, también conocidos como piedra artificial, son materiales sintéticos que contienen elevadas concentraciones (más del 80%) de sílice cristalina compactados mediante resinas y con colorantes añadidos (orgánicos e inorgánicos como metales). El principal riesgo patogénico reside en su alto contenido en sílice cristalina (cuarzo y cristobalita), que es el agente causal de la silicosis, de enfermedades inmunomediadas (como la artritis reumatoide o la esclerodermia sistémica) y del cáncer de pulmón.

Los aglomerados fueron introducidos en el mercado a principios de los años 1990 y su consumo creció durante el boom de la construcción, reemplazando en gran parte a las piedras naturales como el mármol y el granito en la fabricación de encimeras de cocina y baños, y en revestimientos y pavimentos. Ello ha implicado un incremento del riesgo de exposición a sílice cristalina en las plantas de fabricación de aglomerados, en los talleres en los que se manipulan las encimeras y en la edificación residencial en la que se instalan. Este incremento del riesgo ha provocado una grave remergencia de la silicosis en nuestro país, evidenciada por la multiplicación del número de casos reconocidos como enfermedad profesional desde 2007 y por el crecimiento de los procesos asistenciales por esta causa.

Desde comienzos de siglo, la denominada agnotología estudia los procesos de construcción de la ignorancia en las sociedades contemporáneas. Las ciencias humanas y sociales han identificado las diferentes estrategias empleadas por los que han sido designados como “mercaderes de la duda”: maniobras deliberadas de ocultación de información sobre los daños a la salud y el medio ambiente de ciertos productos o procesos productivos; fabricación de incertidumbres sobre esos daños mediante la financiación de investigaciones científicas que responden a los intereses de las industrias productoras, mecanismos a los cuales se añaden la llamada “undone science” (ciencia sin hacer) para responder a esos mismos intereses; o consecuencias de una organización económica, social y política que contribuye a invisibilizar y fragmentar el conocimiento científico sobre los riesgos. El elenco de ejemplos estudiados es amplio, desde la negación del carácter cancerígeno del amianto a la subestimación del calentamiento global, pasando por la ocultación de los daños a la salud del tabaco.

La mirada desde la agnotología al caso de los aglomerados de cuarzo permite constatar el empleo de algunas de estas estrategias a nivel español e internacional. Como acredita la sentencia, Cosentino no informó suficientemente pronto ni claramente a Granitel de los riesgos que conllevaba la manipulación del Silestone, siendo conocedora de los mismos desde al menos el año 2000. Además, diversas informaciones periodísticas, entre ellas la publicada por este medio el pasado 7 de febrero, han señalado que la empresa pactó indemnizaciones para los afectados de silicosis de su fábrica vinculadas a la firma de acuerdos de confidencialidad. De ser cierta, esta práctica habría contribuido a invisibilizar parcialmente los riesgos ante la administración laboral y sanitaria, ya que al menos una parte de esos acuerdos se habrían firmado antes del reconocimiento del afectado como enfermo profesional.

Esta forma de generación de ignorancia habría facilitado que Cosentino, además, defendiera un discurso público sobre la seguridad de su producto y del proceso productivo desarrollado en su propia fábrica, y trasladara toda la responsabilidad al sector de los marmolistas por no haber implementado medidas adecuadas de prevención en sus talleres.

La realidad es tozuda y los 95 partes de silicosis como enfermedad profesional de trabajadores de dicha empresa comunicados entre 2019 y el 30 de noviembre de 2021 —una cifra equivalente a los mineros diagnosticados de silicosis de primer grado en HUNOSA en el trienio 1975-1977— se compadecen mal con dicho discurso. Entre los factores estructurales que producen ignorancia hay que señalar la compleja normativa que regula la información que suministran los fabricantes de productos compuestos, la naturaleza administrativa e imperfecta de los registros públicos que dificultan conocer el alcance epidemiológico del problema o la singularidad de nuestro sistema de protección social que posibilita que las mutuas colaboradoras puedan devenir agentes de invisibilización del problema, al ser los responsables del reconocimiento de los casos a la vez que del pago de las prestaciones.

Aunque existe pleno consenso sobre la responsabilidad patogénica de las elevadas concentraciones de sílice cristalina, conviene no olvidar que los efectos dañinos de otros componentes de los aglomerados podrían incrementar la acción de la sílice además de desencadenar un “efecto cóctel” (es decir, una toxicidad específica de la mezcla de sustancias, en la cual el todo es más que la suma de sus partes). Entre el 5 y el 15% de la composición del Silestone corresponde a resina de poliéster polimerizada, que es empleada como aglomerante.

La investigación realizada por el Grupo de Estudio de Silicosis del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), uno de los referentes mundiales en la investigación sobre los riesgos de los aglomerados, ha confirmado además la presencia de metales como el aluminio. Una presencia confirmada también mediante biopsia en el centro de los nódulos silicóticos de los trabajadores de marmolerías que manipularon esas encimeras. Tanto el aluminio como las nano y micro partículas de poliéster tienen conocidos efectos inflamatorios pulmonares y, en el caso de estas últimas, se añaden sus efectos sobre el sistema inmune.

La sumatoria de estos elementos es, junto a los cambios físico-químicos que entrañan los procesos de transformación y manipulación del material, la que podría explicar la particular gravedad y rapidez en la progresión clínica de la silicosis por aglomerados de cuarzo. Esto justifica la necesidad expresada por los afectados y los sindicatos de potenciar la investigación médica. Históricamente, éste ha sido un terreno propicio para que grandes corporaciones industriales desplieguen sus capacidades de financiar estudios médicos orientados a crear incertidumbres y a posponer el logro de consensos científicos sobre los riesgos a la salud y el medioambiente de sus productos.

En marzo de 2022, la Consejería de Salud y Familias andaluza anunciaba la creación en Córdoba del Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral (CAEROL). Además de la Consejería y de la Universidad de Córdoba forman parte del citado centro el Servicio Andaluz de Salud y Cosentino. El Gobierno andaluz parece no haber advertido el conflicto de interés que supone la participación de Cosentino en el estudio de un problema de salud que ha contribuido a crear. La OMS ha adoptado una posición clara ante conflictos similares, desaconsejando la colaboración con industrias como las tabaqueras que pudieran “blanquear” su imagen asociándola a una acción positiva de salud pública. Así, Philip Morris ha sido obligada recientemente a salir del accionariado de la empresa canadiense que desarrolla una vacuna contra la COVID-19. Contrarrestar la fábrica de la ignorancia pasa ineludiblemente por apoyar la investigación independiente con financiación pública.

Catherine Cavalin es socióloga, investigadora permanente del CNRS (París) y Alfredo Menéndez Navarro es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada