Mociones de censura en Francia

Al imponer la reforma de las pensiones por medio del artículo 49.3 de la Constitución francesa, unilateralmente y sin someterla al voto de la Asamblea Nacional, Emmanuel Macron ha elegido la peor de las vías para aprobar una ley que aumentará la edad de jubilación en Francia de los 62 a los 64 años. El presidente francés tenía otras opciones a mano. Habría podido esforzarse por pactarla con los sindicatos moderados, como hizo en el pasado con otros proyectos reformistas. Habría podido explicarla mejor a sus conciudadanos y evitar las incongruencias que han jalonado su debate en los dos últimos meses. O, al menos, haber convencido a un número suficiente de diputados en la Asamblea Nacional que le garantizasen su aprobación por mayoría en el hemiciclo.

Pero el jueves, tras constatar que seguramente no dispondría de esta mayoría en el hemiciclo, ordenó a su primera ministra, Élisabeth Borne, recurrir al 49.3, que permite aprobar una ley eludiendo la votación. E inmediatamente salieron espontáneamente a las calles del país miles de jóvenes, hubo altercados y ardieron hogueras y barricadas en el centro de París, las fuerzas del orden detuvieron a más de 300 personas y se anunciaron nuevas huelgas y movilizaciones a escala nacional.

La crisis política y social francesa alimenta a los extremos y puede acabar saliendo cara. Este es un país en que la extrema derecha recogió más de 13 millones de votos en las últimas presidenciales y se prepara para ocupar el poder. Unas elecciones legislativas anticipadas podrían desembocar en una mayoría del partido de la euroescéptica y rusófila Marine Le Pen y extendería la crisis a Europa.

El artículo 49.3, en contra de lo que dan a entender algunas voces de la oposición y los sindicatos, es perfectamente democrático. Lo han usado gobiernos de izquierdas y derechas.

Pero la oposición puede, mediante una moción de censura, frenar la ley y hacer caer al Gobierno. El viernes se presentaron dos, una de la extrema derecha y otra auspiciada por un pequeño grupo regionalista y centrista. El lunes se votarán.

El artículo 49.3 coloca a todos los actores políticos ante sus responsabilidades. El problema es que esta reforma de las pensiones no es una ley cualquiera, afecta a un pilar del Estado de bienestar. Por eso convenía adoptarla con el mayor consenso posible. Hacerlo con el 70% de la ciudadanía en contra roza la temeridad.

Si la moción prospera, Borne se marchará y Macron quedará gravemente tocado para el resto de su mandato. Si fracasa, significará que la oposición carece de votos suficientes y que la reforma habrá sobrevivido, aunque la figura del presidente no habrá salido indemne y el resentimiento en el país no desaparecerá de la noche a la mañana. Los diputados decidirán, la democracia hablará.