Sobre la tragedia de Melilla

Las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo sobre los sucesos en la valla de Melilla del 24 de junio revelan discrepancias llamativas con la versión del Ministerio del Interior que obligan a preguntarse si el Gobierno tiene algún interés en aclarar la tragedia en la que murieron al menos 23 personas y más de 200 migrantes resultaron heridos, además de 140 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y 50 agentes de la Guardia Civil. Según la institución que dirige Ángel Gabilondo, el origen de la tragedia fue “una situación de riesgo previsible”. Con la información proporcionada por Interior y Migraciones, el Defensor concluye que en aquellas horas España entregó a Marruecos en caliente a 470 personas “sin contemplarse las previsiones legales”, es decir, ilegalmente. En la única explicación oficial que ha dado el ministro del Interior, el 21 de septiembre en el Congreso, Fernando Grande-Marlaska afirmó que se había devuelto a Marruecos a 103 personas y siguiendo todos los procedimientos legales.

Se trata de los hechos más graves sucedidos en una frontera terrestre española, medidos en términos de sufrimiento humano, y, sin embargo, nadie ha podido aún sacar conclusiones útiles para que no se vuelvan a repetir. Esto es así porque lo impiden las lagunas en la información sobre lo que pasó. No se han hecho públicas todas las imágenes de seguridad de la frontera, no se conoce el alcance de las heridas de los supervivientes ni tampoco la verdadera causa de la muerte de las víctimas. Este periódico ha entrevistado a testigos presenciales que afirman haber visto a la policía marroquí matar a golpes a migrantes. También a supervivientes con heridas y fracturas desterrados por Marruecos a cientos de kilómetros de la frontera. El Defensor ha trasladado a la Fiscalía (que ha iniciado su propia investigación) el testimonio de uno de los migrantes que lograron cruzar, recogido en Melilla.

El Defensor afirma en sus conclusiones preliminares que no tiene aún toda la documentación que necesita sobre los hechos. Sin embargo, lo que tiene es suficiente para casi cuadruplicar las cifras que el ministro ofreció a los grupos del Congreso de los Diputados y afirmar que no se cumplió la legalidad. En respuesta al informe, Interior reiteró que todas las devoluciones se hicieron “dentro de la más estricta legalidad”. La discrepancia va más allá de la interpretación de qué es una devolución en frontera técnicamente legal, una cuestión que debería resolverse de una vez con un reglamento transparente y medible, como pide el Defensor. Es imprescindible ofrecer toda la información a los ciudadanos sobre un hecho que afecta al currículo internacional de derechos humanos de España, que tuvo gran impacto social, y cuyo alcance solo se empezó a intuir gracias a las estremecedoras imágenes grabadas por una ONG marroquí. Fracasada la vía de la comisión de investigación por la negativa de PSOE, PP y Vox, la Comisión de Interior del Congreso no debería dejar pasar este asunto hasta que reciba explicaciones completas y precisas de todas las administraciones implicadas. Es un deber con las familias y con la misma sociedad determinar qué falló aquel día en el control de la frontera. Porque no puede haber duda de que algo falló. La muerte de 23 personas no se puede asumir como parte de la normalidad de gestionar una frontera conflictiva.