Ciudadanos espiados: la escala de peligro de la “inteligencia” mexicana

“No es espionaje, sino inteligencia”. Así justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el “seguimiento” que el Ejército mexicano da a diversos personajes y organizaciones de la sociedad civil y que ha quedado al descubierto luego de que el grupo de hackers conocidos como Guacamaya interviniera los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajera de ellos millones de documentos y correos electrónicos.

Algunos de los datos obtenidos por el hackeo, popularmente conocidos como #GuacamayaLeaks, y que han sido divulgados hasta ahora, comprueban el seguimiento continuo del gobierno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su entorno político y social. En añadido, una reciente investigación de especialistas y medios periodísticos confirma que el Gobierno mexicano todavía utiliza el software de espionaje a teléfonos celulares y equipos de comunicación llamado Pegasus para “monitorear” a diversos periodistas, activistas y líderes de opinión, extremo que había sido negado por el presidente, quien en su día fue muy crítico con la administración de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, por la utilización de este malware.

Peo hay más. Los #GuacamayaLeaks revelan, también, que el Ejército tuvo la misión de elaborar un listado analítico al respecto de la peligrosidad de grupos que podrían llegar a representar una amenaza, ya fuera física o de imagen, contra las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al norte de la Ciudad de México, que se inauguró el pasado 21 de marzo de este año.

Esta lista “de inteligencia” contempla a organizaciones terroristas internacionales que suelen ser tomadas en cuenta en cualquier plan de seguridad, como Al Qaeda, o mexicanas, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto era de esperarse. Lo sorprendente es que también incluye a otros colectivos, cuya “peligrosidad” resulta bastante más discutible. Como, por ejemplo, los padres de los niños con cáncer que han dejado de ser atendidos por el sistema de salud pública. O las madres cuyos hijos ya no son recibidos por el sistema de guarderías federal. O los diversos grupos feministas que exigen que el gobierno combata la extendida violencia contra las mujeres. Todos ellos han realizado, sí, varias acciones de inconformidad contra el gobierno en las calles, las redes y los medios, pero ninguno podría ser considerado, ni de lejos, como una amenaza para la seguridad nacional (que sería la única justificación para que la Sedena los vigilara).

En cuanto a la calificación de alerta que el listado adjudica a cada grupo de riesgo, también hay que prepararse para el asombro. Al Qaeda es el que recibe la categoría más alta de peligro, con 12 puntos. Le sigue el CJNG, con 10 puntos, en empate con los colectivos feministas, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Hezbolá (el grupo chií radical, sí), y los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Debajo de ellos se encuentra ISIL (el grupo antes conocido como Estado Islámico), que recibe 8 puntos. El Cártel Unión Tepito se llevó 6 puntos, los mismos que los familiares de los enfermos de cáncer y apenas uno más que los 5 con que se considera a las madres afectadas por los recortes a las guarderías...

Este análisis de riesgos elaborado por la inteligencia militar, y revelado por los #GuacamayaLeaks, abre varias incógnitas. La primera de ellas es la utilidad de un estudio que mezcla a grupos criminales internacionales, que jamás han operado abiertamente en México, con el omnipresente crimen organizado local, sin duda una amenaza mucho más real y patente. Pero la duda más grave es el motivo por el que se equipara con unos y otros a organizaciones civiles que abanderan causas sociales y nada tienen que ver con la delincuencia. ¿Qué otros inquietantes casos de este tipo descubrirán los documentos aún por divulgarse?