Brutalidad en Myanmar

Las recientes ejecuciones de cuatro activistas en Myanmar suponen una escalada en la brutalidad de la represión intimidatoria por parte de la junta militar que el 1 de febrero de 2021 perpetró un golpe de Estado con el que puso fin a los intentos de transición democrática iniciados una década antes. Los ajusticiamientos, los primeros en esta nación del sudeste asiático desde 1988, demuestran que la crueldad del Tatmadaw (las Fuerzas Armadas) no conoce límites y que su campaña para neutralizar a la oposición ha alcanzado un nuevo estadio. Los cuatro hombres llevados a la horca el pasado 23 de julio habían sido condenados a la pena capital por “actos terroristas” en un juicio a puerta cerrada y celebrado bajo dudosos estándares legales, según denuncian varias organizaciones pro derechos humanos. En total, 119 personas han sido sentenciadas a muerte desde la asonada.

La antigua Birmania lleva 18 meses sumida en una profunda crisis política, económica y social. Las autoridades castrenses, conscientes de que el movimiento prodemocracia es más fuerte que nunca, han apostado por la carta del miedo, con el fin de atemorizar a la población civil y lograr así disuadir de actuar a quienes se niegan a renunciar a su derecho de manifestación y asociación. La junta está decidida a eliminar todo lo que huela a amenaza para el Gobierno, y su líder militar, Min Aung Hlaing, anunció el lunes que el estado de emergencia se alargará hasta febrero de 2024, seis meses más de lo previsto.

El aumento de la represión, no obstante, ha tenido un efecto bumerán. La oposición ha demostrado ser implacable y tenaz, capaz de reforzarse y adaptarse. Lo que comenzaron siendo unas manifestaciones masivas, y evolucionaron a huelgas de la actividad y de silencio, se han convertido ahora en un movimiento de desobediencia civil con el objetivo de derrocar a los golpistas a toda costa.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque ha condenado unánimemente las ejecuciones y ha pedido el fin de la violencia, no ha implementado medidas significativas. Los gobiernos democráticos, incluidos los de la Unión Europea y el Quad (Estados Unidos, Australia, India y Japón), se han limitado a escudarse en la centralidad de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) para justificar su propia inacción. La falta de voluntad política para aislar financieramente a la junta y a sus dirigentes está empujando a muchos activistas de la resistencia no violenta a la armada. Organizaciones pro derechos humanos piden que se apruebe una resolución con sanciones económicas específicas y más duras, un embargo de armas, así como remitir el caso al Tribunal Penal Internacional. La pasividad en este caso rima con la permisividad ante la brutalidad del ejército de la antigua Birmania.