Columna
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El autocuidado y la política

Pocas cosas justifican más el Estado que proveer de las condiciones para que el cuidado, de uno mismo y de los demás, sea posible

Isabel Díaz Ayuso, el miércoles durante una rueda de prensa en la Puerta del Sol en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, el miércoles durante una rueda de prensa en la Puerta del Sol en Madrid.Isabel Infantes (Europa Press)

Las cuestiones implícitas que van quedando en el debate público dejan huellas que poco a poco configuran un imaginario. En esta etapa de la gestión de la pandemia la llamada al autocuidado ha aparecido, de la boca de Isabel Díaz Ayuso, unida a la negativa a tomar restricciones. El autocuidado sería, desde esta óptica, dejar las decisiones relativas al cuidado en manos de cada cual, renunciando la Administración a adoptar medida alguna.

Afortunadamente, el debate sobre los cuidados ya había tomado vuelo antes de la pandemia de manos del movimiento feminista, y con la emergencia del virus su desarrollo ha sido mayor. Esto ha hecho que haya dejado de ser un asunto privado, en la enorme mayoría de casos responsabilidad de las mujeres, para convertirse en un valor público del que nadie queda eximido; tampoco los responsables políticos. Se convierte, como señala Victoria Camps en Tiempo de cuidados (Arpa), en “un principio de conducta que debe reflejarse en el comportamiento humano en su relación con los demás, en todos los ámbitos en que esa relación esté demandando una solicitud especial, sean el ámbito familiar, pero también el de la educación, la asistencia médica, la administración pública, la empresa, la comunicación o cualquier otro”. Los cuidados dejan así de ser obligación de las mujeres o de las familias, para pasar a serlo del conjunto de la sociedad, incluyendo tanto a las instituciones y administraciones que gestionan lo público como a los individuos. Nada más lejos de la idea de abandono a su suerte que se desprende de algunas declaraciones públicas.

Para evitar ese riesgo que supondría aceptar que como los cuidados deben ser asunto de todos terminarán no siéndolo de nadie (o sea, seguirán siéndolo de las mujeres), conviene precisar qué corresponde a cada cual. Si la obligación de los individuos pasa por cuidarse y cuidar, es decir, por tratar con cuidado a sí mismos y a los otros ajustándose con flexibilidad a cada situación, la de los que tienen la responsabilidad de gestionar lo público ha de ser garantizar que esto pueda hacerse. Es decir, han de proveer las condiciones para que cada cual pueda cuidarse y ser cuidado.

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El autocuidado, indispensable desde cualquier ángulo, no exime a los poderes públicos de cumplir con sus responsabilidades, sino que los necesita imperiosamente. En el caso de la pandemia, por ejemplo, necesitamos conocer con la mayor exactitud posible dónde y cómo nos estamos contagiando para evitar el riesgo, que se arbitren medidas para evitar aglomeraciones en actividades básicas como el transporte, los centros de trabajo o educativos, dotar de medios suficientes a la sanidad pública, tener la garantía de que el conjunto de la población podrá acceder a utensilios básicos como mascarillas o test de antígenos, etcétera.

Pocas cosas justifican más el Estado que proveer de las condiciones para que el cuidado, de uno mismo y de los demás, sea posible.


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Sobre la firma

Cristina Monge

Imparte clases de sociología en la Universidad de Zaragoza e investiga los retos de la calidad de la democracia y la gobernanza para la transición ecológica. Analista política en EL PAÍS, es autora, entre otros, de 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad y co-editora de la colección “Más cultura política, más democracia”.

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