La ‘ley mordaza’

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han presentado una batería de enmiendas para suavizar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP con el rechazo de toda la oposición. Esa ley vigente en España fue redactada por la cúpula policial del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (hoy, en su mayoría, procesada por prácticas delictivas y corruptas) con criterios fuertemente represivos y con rasgos de Estado policial. Nació inspirada en la idea de considerar al manifestante un supuesto delincuente. Antes de su aprobación definitiva, algunas de sus propuestas (como retener sin límite temporal a un presunto delincuente) fueron consideradas sospechosas de inconstitucionalidad por la Fiscalía General del Estado, dirigida por una persona elegida por el PP.

Seis años después, el propósito del Gobierno de reformar esa ley ha conseguido unir en la calle contra el Ejecutivo a los sindicatos policiales, a la derecha y a la ultraderecha. Como ocurrió con la manifestación que juntó al PP, Ciudadanos y Vox en la plaza de Colón en protesta contra unas supuestas concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán que nunca existieron, aquí la manifestación denuncia una presunta desprotección del policía ante el delincuente por la reforma legal que tampoco existe.

El argumentario de los sindicatos policiales se apoya en varias premisas falsas que asumen como válidas la derecha y la ultraderecha. Contra lo que dicen los sindicatos policiales para descalificar este cambio, en la reforma las identificaciones de indocumentados tendrán un límite de dos horas de duración pero “ampliables a seis”, o sea, como hasta ahora, siempre que se justifiquen las causas. Tampoco es verdad que los policías tengan que devolver a la persona identificada desde la comisaría al lugar donde fue detenida porque eso solo sucedería cuando la comisaría esté en una ciudad distinta a la de la detención, algo que ocurrirá en muy pocas ocasiones y que resulta perfectamente lógico.

También aducen los sindicatos policiales que la reforma legal atenta contra “la presunción de veracidad de los agentes”, pero tampoco eso es verdad. La reforma no solo no elimina la presunción de veracidad de los agentes sino que la mantiene, a la vez que exige que la exposición de hechos que el policía realice en el acta para imponer la sanción administrativa resulte “coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”. Tampoco es verdad que se prohíba el uso de determinado material, como las pelotas de goma. Lo que expone la reforma es la obligación por parte de las autoridades competentes de elaborar “protocolos específicos” para valorar el uso de los “medios menos lesivos para las personas” y evitar “aquellos que causen lesiones irreparables”. Por último, tampoco el texto propuesto por PSOE y Unidas Podemos elimina la consideración como infracción leve de celebrar una manifestación sin el trámite previo de comunicación. Tan solo señala que no será ese motivo suficiente para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación (como sucedió con las movilizaciones espontáneas contra la sentencia de La Manada que luego corregiría el Tribunal Supremo).

Ante semejante cúmulo de falsedades es difícil entender el frenesí de adhesión competitiva que exhiben Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox) para ocupar la primera línea de una pancarta de protesta policial contra la reforma. La tergiversación de los hechos para atacar al Gobierno es una de las principales fuentes de deterioro de la democracia y de su misma credibilidad ante la ciudadanía.