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tribuna
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Retorno a Sefarad

Las descalificaciones contra el Gobierno de España por la aplicación de la ley de nacionalidad a los sefardíes son injustificadas

Vista del artesonado del Museo Sefardí de Toledo.
Vista del artesonado del Museo Sefardí de Toledo.EFE

A lo largo de la Historia la relación de España con el judaísmo ha combinado páginas de profunda belleza con otras de terrible dolor y oscuridad.

El gen tolerante que se había desarrollado en los reinos peninsulares y que, con contradicciones y altibajos, aceptaba la realidad del que era diferente, sufre un golpe devastador en un momento y un lugar: junio de 1391 en la ciudad de Sevilla cuando el odio se desata y miles de judíos son masacrados por un desbocado furor antisemita que se extiende a otras muchas ciudades. Dos hechos nefastos como fueron el establecimiento de la Inquisición en 1478 y los Edictos de Expulsión de 1492 son hijos espurios de esa hoguera encendida en 1391.

La expulsión genera la pérdida de Sefarad y un profundo sentido de nostalgia hacia una tierra amada que los sefardíes seguirán evocando en sus romances y cantigas. Tras ella, cuatro siglos de oscuridad, silencio y desencuentro…

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Pero afortunadamente, el gen tolerante forjado en la convivencia medieval no se agostó y el siglo XIX, tan pródigo en contrastes, nos ofrece el regalo de un cierto filosefardismo que va surgiendo en España a mediados de la centuria en ambientes intelectuales y liberales. Dignos representantes de ese espíritu fueron Emilio Castelar, uno de los Presidentes de la I República, y el Senador Ángel Pulido que en los albores del siglo XX escribió una obra esencial: Los españoles sin patria y la raza sefardí.

Esa Historia de amor y de reencuentro va ganando en intensidad conforme avanza el siglo XX con hitos relevantes como el Decreto de 1924 que abría la posibilidad de que los sefardíes obtuvieran la nacionalidad española. Este fue el soporte jurídico para que, años después y en el transcurso de la 2ª Guerra Mundial, un grupo de miembros del Servicio Exterior de España decidieran no pasar de largo ante el sufrimiento humano y propiciaran la salvación de miles de judíos europeos durante la barbarie del Holocausto. Entre ellos destacó la labor en Budapest de D. Ángel Sanz Briz de bendita memoria.

La transición española y la aprobación de la Constitución de 1978 consagran un Estado aconfesional que reconoce la pluralidad de las confesiones religiosas y colabora con todas ellas. Esto se plasma definitivamente en los Acuerdos del 1992 que desarrollan ese mandato constitucional de promover el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.

Con especial regocijo los judíos españoles vivimos el tantas veces deseado momento en el que España e Israel establecieron relaciones diplomáticas plenas en enero de 1986. Desde entonces ambos Estados colaboran activamente y comparten multitud de intereses.

En los últimos años el reencuentro entre España y sus judíos se acelera y lo hace además dentro de un espíritu de consenso de las fuerzas políticas y de los gobierno de distintos colores.

En 2006 se fija para cada 27 de enero un acto de Estado en el que España conmemora el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la prevención de crímenes contra la Humanidad.

Ese mismo año se crea una institución tan querida para nosotros como es Centro Sefarad-Israel que se ha convertido ya en un referente de primer orden en la relación entre España y el Mundo Judío.

Llegamos así a una mañana de noviembre de 2012 en la sede de Centro Sefarad-Israel cuando los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores presentan la iniciativa de desarrollar una Ley que conceda la nacionalidad española a los descendientes de los expulsados.

Una vez finalizados los trámites parlamentarios de la misma, varios invitados sefardíes fueron testigos desde la tribuna del Congreso de los Diputados del momento histórico en el que las Cortes Generales aprobaban definitivamente la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Los judíos españoles tenemos sinceras palabras de agradecimiento hacia esta iniciativa del Gobierno y nos emociona especialmente que la Ley fuera aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, en la presentación oficial de dicha Ley en el Palacio Real el rey Felipe VI lanzó un mensaje a los descendientes de los expulsados: “la perspectiva de los siglos y los propios estudios historiográficos demuestran una conclusión que podría resumirse en esta idea: ¡Cuánto os hemos echado de menos!”. Se trata de un bello mensaje que ha calado profundamente en el corazón de los sefardíes.

Hemos asistido en las últimas semanas a ciertas críticas en diversos medios de comunicación sobre la aplicación de la Ley. Como Presidente de la FCJE considero desproporcionadas dichas críticas y me sustento en los siguientes argumentos.

España dio un paso al frente y afrontó un asunto de enorme calado histórico. Lo sencillo hubiera sido no hacer nada, no complicarse la vida y pasar de largo frente a esta cuestión. Pero España dio la cara.

Se ha argumentado que los requisitos de la Ley son exigentes y prolijos y no seré yo quien lo niegue. Pero cualquier Estado tiene derecho a establecer el marco que regule un bien tan preciado como es su propia nacionalidad. Evidentemente, es mejor una Ley exigente que un vacío legal.

Todo proceso similar conlleva además complicaciones y casuísticas que se han intentado resolver de la mejor manera posible con un considerable esfuerzo por parte del Gobierno al que la Federación de Comunidades Judías de España ha contribuido en el papel a ella asignado emitiendo 93.000 certificados de origen sefardí. A esas dificultades intrínsecas se han unido además las provenientes de la pandemia de la covid-19 que han ralentizado la tramitación de los expedientes.

En buena medida puedo entender la desazón de aquellos que en los últimos meses han visto denegada su solicitud pero creo firmemente que un Estado de Derecho, como el que afortunadamente rige en España, goza de los instrumentos para permitir el recurso ante las decisiones de la Administración que el ciudadano considere contrarias a sus intereses.

En todo caso, nada de esto justifica una descalificación al Gobierno de España o a la Ley 12/2015 con calificativos fuera de lugar como actos antisemitas o nueva inquisición utilizados de manera irresponsable.

En la citada presentación oficial de la Ley en el Palacio Real el rey Felipe VI afirmaba también: “a través de esta norma regresa, formalmente, al tronco común de la nación española una de sus ramas que, en su día, fue tristemente separada”. Es responsabilidad de todos hacer que esto sea una realidad consagrando definitivamente el reencuentro entre España y sus judíos. Desde esta tribuna reitero el compromiso de la Federación de Comunidades Judías de España para que así sea.

Isaac Benzaquén Pinto es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.

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