Fondos en riesgo

La tercera reunión mantenida ayer entre el Gobierno y los agentes económico-sociales para madurar el plan de recuperación económica auspiciado por Bruselas, así como las medidas de refuerzo contra la recesión que tiene previsto adoptar hoy el Consejo de Ministros, van en la dirección correcta de la concertación. A la vez, subrayan la urgente necesidad de imprimir mayor rapidez al calendario de preparación, so pena de un imperdonable fracaso en el aprovechamiento completo del apoyo europeo y su potencial transformador.

Esa urgencia es independiente de los riesgos de retraso del propio plan comunitario por los vetos de Hungría y Polonia, reacios a la vinculación entre desembolso de los fondos y calidad democrática. Esas reticencias deben ser vencidas con rotundidad. Y en todo caso, los aspirantes a recibir en grado máximo las transferencias extraordinarias, como Italia y España, deben prepararse a fondo ya. La eficaz canalización del dinero europeo es un asunto complejo, y España ha dado muestras de tener claras dificultades en hacerlo con agilidad. De los fondos estructurales del periodo 2014-2020, solo ha implementado un 40%, siendo colista europeo en este parámetro. En presupuestos anteriores, España logró finalmente situarse en posición de vanguardia en cuanto a utilización en los periodos de prórrogas disponibles. Pero, esta vez, la rapidez es esencial.

La minicumbre española de ayer debe ser así la última de carácter prospectivo. Eso significa que los próximos encuentros deben ser para aplicar los compromisos adoptados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su presentación de octubre, que ya ahondaba el esquema del mes de julio. Es imperioso tener a punto las reformas legales anunciadas entonces para agilizar los trámites, tarea para la que la patronal aportó ayer su contribución. Así como los organismos consultivos; los modos concretos de articulación con las comunidades autónomas y la coordinación interna de la Administración central.

No es, contra lo que pudiera parecer, una exigencia burocrática, sino de una importancia política capital, pues la gestión se enfrenta a una enorme dificultad por tres motivos: los proyectos para acogerse a los fondos de recuperación antipandemia gozarán de menor plazo que los acogidos a los fondos estructurales europeos convencionales; queda aún por gastar el enorme remanente de estos últimos del periodo 2014-2020; la cuantía total entre el presupuesto 2021-2027 ordinario y los 140.000 millones del fondo de reconstrucción resulta inédita.

Si a todas esas dificultades en la ejecución del gasto se le añade la escasa fluidez de la Administración para gestionar con inmediatez ayudas extraordinarias como las de los ERTE, el ingreso mínimo vital o a los autónomos, se comprende que esta exigencia de rapidez no es propia de Casandras, sino apoyada en elementos racionales.

Adicionalmente, el Gobierno deberá seguir apoyando en la escena europea las exigencias de respeto al Estado de derecho asociadas al desembolso de las ayudas presupuestarias de los 27. Entre otras razones, en ello se juega el reto de esa “más Europa”, también política, que España siempre ha defendido. Y conviene evitar al tiempo que esa exigencia eternice los procedimientos, explorando en su caso todas las posibilidades de firmeza que aíslen y desalienten las derivas autocráticas de algunos socios.