Entre el apaño y la reforma

La ciencia parece ser en estos momentos de emergencia sanitaria el criterio para la toma de las decisiones que están en el centro de la política española. Y, efectivamente, los ciudadanos han colocado siempre a científicos y médicos entre los profesionales en quienes confían en mayor medida. Sin embargo, en España no únicamente se ha dedicado a la ciencia un presupuesto inferior al de nuestros países vecinos, sino que las estructuras administrativas del Estado impiden un gasto eficiente de estos recursos. Se espera que pronto van a llegar de Europa fondos generosos que incluyen la investigación como prioridad y puede llegar a ocurrir que sea imposible utilizarlos. En estos momentos de crisis aparecen déficits en la gestión de la ciencia que son un reflejo de la necesidad de reformas en la Administración pública española que habrá que afrontar más pronto que tarde.

Las acciones de apoyo a la investigación científica de la Administración del Estado español se fundamentan en dos grandes pilares: los Organismos Públicos de Investigación (OPI), que gestionan centros de investigación, y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que financia proyectos. Ambas gestionan personal, ya sea fijo como programas de contratación personal a diferentes niveles. Tanto en un caso como en el otro se necesitan acciones para su buen gobierno. Que los OPI han llegado a una situación extrema nos lo demuestra el hecho de que hace pocas semanas dimitió el director del Instituto Oceanográfico Nacional porque las reglas administrativas existentes hacían imposible un funcionamiento normal del instituto que dirigía. De hecho, algunos OPI han tenido que rechazar fondos de proyectos europeos porque son incapaces de administrarlos. El Gobierno ha respondido fusionando el ION y otros OPI con el CSIC, el mayor organismo de investigación del país. La fusión será difícil de gestionar y aparece como una solución provisional. El CSIC tenía desde 2006 el estatus de agencia estatal, y según la ley de la ciencia de 2011 las acciones de promoción de la investigación deberían estar gestionadas por una agencia. Ni uno ni otra lograron aprobar nunca un contrato de gestión previsto en la ley que definiría los términos de su misión y su presupuesto con perspectiva plurianual. Por una ley del año 2015 se abolieron las agencias y el futuro del CSIC y la AEI quedó en el aire. Sus dirigentes bastante hacen con gestionar el día a día.

Uno de los aspectos sorprendentes de la situación actual es que algunas de las normas que entorpecen el trabajo de los centros de investigación en contratación de personal, compras, etcétera, se han aprobado en tiempos recientes y parecería que se han aprobado normativas cuya finalidad sería que la gestión de la ciencia fuera más ineficiente. Hacer un contrato con personal eventual puede tardar meses, y hacer un convenio con una empresa u otra institución, lo mismo. Las oposiciones a personal científico y técnico (cuando hay) siguen los patrones generales de la Administración. Ello no es una fatalidad legal. Hay ejemplos en España que demuestran que es posible gestionar la ciencia de otra forma. En Cataluña y el País Vasco se han puesto en marcha sistemas de contratación de investigadores y de centros de investigación con procedimientos autónomos de gestión. Según la evaluación realizada por el programa Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia, más de la mitad de los centros considerados de excelencia están localizados en Cataluña y el País Vasco, y dos de los centros radicados en Madrid, el CNIO y el CNIC, tienen también estructuras autónomas. Sin embargo, de los 120 centros del CSIC solo una decena han podido acceder a esta calificación. Sobran ejemplos en España y en Europa de cómo se puede conseguir una ciencia dinámica, abierta y que rinda cuentas de los fondos que reciba mediante procesos de evaluación continuados.

La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de disponer de una comunidad científica bien informada e independiente. En nuestro país la debilidad de las estructuras científicas (como las sanitarias) ha dificultado que el capital de confianza que la sociedad española tiene en la ciencia fuera utilizado para encontrar soluciones aceptables para nuestra sociedad. Los fondos de recuperación que van a llegar de Europa podrían ser utilizados para fortalecer la base científica y tecnológica de nuestro país. Sin embargo, una combinación de un cumplimiento parcial de la legislación existente y de nuevas normas administrativas que son incompatibles con el funcionamiento normal de la investigación pueden dificultar el uso eficiente de estos y otros fondos. Todo ello es un síntoma más de la necesidad de reformas en la Administración pública en España. Mientras llegan, sería urgente buscar fórmulas que permitieran aislar a un sector marginal, pero esencial, como es la ciencia, de normativas administrativas que impiden llevar a cabo su función de forma eficiente.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.