Escuchar bien

La bondad de una acción de gobierno se mide por los resultados. Que España fuera uno de los países de Europa en los que el coronavirus se extendió con mayor rapidez en la primera oleada y ahora sea el que presenta peores datos en la segunda indica que se han cometido graves fallos en la gestión de la pandemia. Y eso no solo ha provocado daños, sino un creciente malestar entre los científicos y expertos, que han visto cómo las luchas e intereses partidistas pasaban a veces por delante de la evidencia científica a la hora de tomar decisiones. El manifiesto que han suscrito 55 sociedades científicas y médicas con más de 170.000 profesionales afiliados constituye una contundente repulsa ante la creciente politización de la gestión de la pandemia.

Tienen razón estas sociedades cuando plantean que las decisiones políticas deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, y también cuando subrayan la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada en criterios científicos “comunes y transparentes”, algo que pocas veces se ha logrado. Los profesionales sanitarios han tenido que afrontar la pandemia en España sin contar con los recursos y las necesarias medidas de protección, lo que han pagado con altas tasas de contagio, y ahora ven con estupor cómo las autoridades toman decisiones que a veces no están basadas en criterios científicos, sino en una especie de mercadeo político en el que priman los intereses partidistas.

La medida, por ejemplo, de limitar las restricciones a la movilidad a las ciudades de más de 100.000 habitantes no es fruto de ninguna evidencia, sino el resultado arbitrario de una negociación política, pues el Ministerio de Sanidad planteaba que fuera a partir de 20.000. Y desde el punto de vista sanitario, no tiene sentido que se cierren los parques y permanezcan abiertos los bares. Estos ejemplos ponen de manifiesto la ausencia de unos protocolos de actuación claros y basados en datos empíricos contrastados. Pese a invocar constantemente la opinión de los expertos para justificar sus decisiones, ni el Gobierno central ni los autónomos han sabido canalizar adecuadamente el saber experto a través de comisiones de funcionamiento transparente que permitieran aflorar el debate científico inherente a una situación tan compleja.

Compartimos las razones de fondo del manifiesto, pero el eslogan utilizado es desafortunado. La frase “En salud, ustedes mandan pero no saben”, dirigida a los políticos en general, tiene un trasfondo que puede alimentar la antipolítica. Las decisiones de gobierno tienen que basarse en la evidencia científica disponible, pero eso no debe abonar la idea de que la respuesta tecnocrática es la mejor, o la única, opción posible. La política es el arte de gestionar intereses diversos que pueden ser antagónicos. Los políticos no pueden saber de todo en profundidad, pero parte de su trabajo es saber escuchar a los mejores expertos y someter sus iniciativas a evaluaciones independientes. Los datos científicos son un elemento esencial, pero no el único a tener en cuenta en la búsqueda de equilibrios entre distintos legítimos intereses. Los expertos tienen la crucial responsabilidad de ofrecer el conocimiento necesario para la mejor toma de decisiones; las decisiones deben tomarse considerando adecuadamente esos criterios junto a otros que puedan resultar relevantes. Esta es la esencia de la función representativa y ejecutiva de los cargos con legitimación democrática.