El olvido que no baja

Durante la sesión en el Congreso en la que se debatió la proposición de Ley de Amnistía el 14 de octubre de 1977 decía Xabier Arzalluz: “Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a las personas, ha de bajar a toda la sociedad”. En otras palabras, el olvido no se impondría por decreto si no conseguía poner fin antes al dolor. Más de 40 años después, y como pone de manifiesto la querella argentina, el sufrimiento de muchos sigue presente. El olvido no parece haber bajado a toda la ciudadanía. Por el contrario, el deseo de recordar está aún vigente en muchos sectores. Pero ¿y si la sociedad española no estuviera tan dividida respecto a este tema como lo están nuestros políticos? Los resultados de nuestra investigación apuntan en ese sentido.

Los autores de esta tribuna formamos parte del equipo de investigación del proyecto H2020 REPAST, que tiene como objetivo analizar los discursos sobre el pasado y sus implicaciones para la integración europea en nueve países europeos testigos de conflictos recientes. A partir de las numerosas entrevistas que hemos realizado a ciudadanos —incluidos algunos que vivieron una guerra civil durante su infancia—, periodistas, responsables de institutos memorialistas, representantes de partidos de izquierda y de derecha y nacionalistas, activistas de derechos humanos y académicos hemos constatado que, detrás de la polarización, hay una sociedad dispuesta a mirar de frente a su pasado y aprender de él. También hemos llevado a cabo una encuesta en la que se preguntaba a los ciudadanos de Alemania, Bosnia, Chipre, España, Grecia, Irlanda, Irlanda del Norte, Kosovo y Polonia cómo hacer frente hoy a los conflictos del pasado reciente. En el caso de España, las preguntas se referían específicamente a la Guerra Civil. Paradójicamente, los resultados demuestran que nuestro país está más dividido por los conflictos del pasado que otros países con traumas mucho más recientes. Cuando se pregunta a los españoles si creen que es necesaria la reconciliación, los votantes de partidos de derechas que responden afirmativamente (50%-60%) son muchos menos que los de izquierdas (80%-90%), y esta diferencia es claramente superior a la de otros países de nuestro estudio. Si nos fijamos sólo en quienes sí consideran necesaria la reconciliación, en la derecha ésta se asocia al olvido, mientras que en la izquierda pasa por el reconocimiento del dolor de las víctimas.

Junto a esta división, existe un amplio acuerdo en que no conocemos nuestra historia. Más de un 50% de los encuestados de la muestra española considera que en la escuela se debería dedicar más atención al periodo de la Guerra Civil. Esta opinión no sólo está presente entre quienes simpatizan con el bando republicano (63%), como cabría esperar, sino también entre los que se sienten más próximos al bando nacional (45%), y es compartida tanto por los jóvenes (45%) como por los mayores de 65 años (62%). Como decía uno de los jóvenes entrevistados: “No tiene sentido que yo sepa cómo vivían los romanos y no sepa cómo vivían mis abuelos”. Este resultado confirma lo que ya han constatado estudios como los de Fernando Hernández. Es cierto que la escuela ya es para muchos jóvenes una fuente de información sobre la Guerra Civil tan importante o más que la familia (principal fuente de información para las generaciones más mayores), pero la mitad de los jóvenes no mencionan la escuela en absoluto cuando se les pregunta dónde han aprendido lo que saben sobre este periodo. El borrador de la nueva ley de memoria democrática incide, entre otros, en la actualización de los contenidos curriculares de la ESO y Bachillerato para incluir la memoria democrática en las aulas. El reto será disipar los esperables temores sobre el “adoctrinamiento en las escuelas”. Quizá baste con ponerse en manos de los numerosos y excelentes estudiosos de la historia reciente de España, entre quienes puede haber puntos de desacuerdo, pero nada comparable con el disenso entre nuestros políticos cuando de estos temas se trata.

A menudo, hemos percibido un cierto rechazo al término “memoria histórica” entre nuestros entrevistados. Pero este rechazo no era sinónimo de querer evitar el tema. Por el contrario, en más de un grupo de discusión nos han llegado a agradecer que hubiésemos facilitado un entorno sereno en el que hablar de aquella época, al tiempo que mostraban sorpresa por el tono tranquilo y amistoso con el que participantes de distintas ideologías habían compartido sus opiniones. Creemos que una mayor exposición a las experiencias de otros y un mejor conocimiento de nuestra historia pueden alejar los fantasmas de quienes sólo ven versiones partidistas y tendenciosas, aunque también las haya.

Además del deseo de saber más de nuestra historia reciente, durante las entrevistas se ha puesto de manifiesto una sensibilización generalizada en torno a la necesidad de exhumar las fosas donde aún hoy yacen decenas de miles de víctimas. En aquellas regiones de España más afectadas por la violencia durante la Guerra Civil, incluso representantes políticos de partidos poco sensibles al tema en sus discursos públicos se muestran receptivos a la apertura de fosas. La excepción que supone España en el mundo, debido al elevado número de desaparecidos y la escasa iniciativa pública para identificar su paradero, es uno de los aspectos más sonrojantes fuera de nuestras fronteras. ¿Qué hay de revanchismo en querer saber dónde se encuentran los restos de un ser querido, desaparecido en circunstancias traumáticas? Como nos contaba la hermana de un hombre asesinado a los 16 años durante la Revolución de Asturias: “Mi madre siempre me enseñó a no tener rencor; nos decía que el rencor no nos iba a devolver a mi hermano”. Lo mismo ocurre con las decenas de testimonios recogidos en libros, películas y documentales producidos en nuestro país durante los últimos años, y que más bien reflejan la necesidad de expresar en público un dolor reprimido y escondido durante décadas, como ha documentado abundantemente Paloma Aguilar. Ha llegado el momento de que el miedo infundado a reabrir el conflicto dé paso a la empatía con quienes ya casi no tienen tiempo.

Existen muchos otros temas de gran calado y relevancia relacionados con la gestión de nuestro pasado reciente sobre los que, de momento, no parece factible el acuerdo. La interpretación y aplicación del derecho internacional, y concretamente la posibilidad de juzgar hoy en día graves violaciones de los derechos humanos previas a la Ley de Amnistía, divide a los juristas españoles. Curiosamente, el epicentro de los debates entre políticos, juristas y activistas ni siquiera se menciona en las numerosas y largas conversaciones que hemos mantenido sobre este asunto con ciudadanos de a pie. ¿Por qué no empezar a buscar un acuerdo de mínimos en aquellos temas que, como la educación y la exhumación de las fosas, gozan de un creciente apoyo entre ciudadanos de distintas ideologías y generaciones?

Irene Martín, Marta Paradés y Ricardo Dacosta son investigadores del proyecto H2020 REPAST, financiado por la Comisión Europea, en la Universidad Autónoma de Madrid.