Sin aliento

Las previsiones del Banco de España sobre los efectos económicos de la pandemia coinciden, en lo sustancial, con las advertencias que, menos detalladas, pero con igual preocupación, ha difundido la OCDE: la recuperación de la economía va a ser más lenta y difícil de lo esperado; también más desigual, según zonas geográficas y sectores. La recuperación esperada tras el arranque de la actividad económica en España se está ralentizando de forma apreciable, como consecuencia de la recaída del turismo (por el efecto fatal de los rebrotes). Las dudas mandan en el escenario económico y en el estadístico. La pandemia no está controlada y las economías penden de nuevas oleadas de covid-19 y de las dificultades sanitarias y sociales para afrontarlas. No es casual que el Banco de España ofrezca una horquilla en sus previsiones del PIB (entre -10,5% y -12,6% para este año, en lugar de un pronóstico nítido, con un empeoramiento de un punto sobre las previsiones anteriores), un aumento del paro que puede llegar al 22,1% el año próximo y un desbordamiento de la deuda que puede alcanzar el 128% del PIB.

La pérdida de aliento de la reactivación cambia significativamente el escenario de política económica. Con una recuperación más lenta, el Gobierno se enfrenta a la necesidad de prolongar las ayudas sociales y demorar la cancelación de los ERTE para conjurar un crecimiento descontrolado del paro. Por el momento, esta fórmula de regulación laboral tiene que mantenerse hasta finales de diciembre, en función de cómo evolucione la pandemia, quizá también durante el primer trimestre del año. Una salvedad obligada: quizá en 2021 la aplicación de expedientes temporales tenga que ser limitada sectorialmente; y, por otra parte, este modelo de regulación no puede convertirse en permanente. La protección laboral requiere una reflexión más profunda, no acuciada por las urgencias, que mitigue los efectos de la crisis sobre la ocupación y sobre las rentas salariales.

Pero la ralentización de la fase de recuperación de la economía agudiza además la urgencia de elaborar y acordar un plan de reactivación a tres años que incluya, como condiciones obligadas, una estrategia de estabilización financiera que cubra ese periodo como mínimo —una deuda del 128% del PIB es insostenible a medio plazo y en todo caso convierte a la economía española en un blanco fácil en caso de una nueva crisis global—, compromisos de inversión pactados y una garantía de que habrá Presupuestos ajustados a las necesidades de cada ejercicio. Las fuerzas políticas que bloqueen las cuentas públicas anuales incurrirán en una grave responsabilidad ante los ciudadanos; y por más que esas responsabilidades no se exijan a corto plazo, acabarán por pasar factura.

No conviene malinterpretar el papel de los fondos europeos. Permitirán salvar sin problemas de déficit los próximos Presupuestos y quizá mitiguen el evidente retraso de la recuperación española respecto de otros países europeos; pero dejan sin resolver la debilidad estructural de las finanzas públicas. España tiene que dotarse de una estructura firme de ingresos fiscales con el doble objetivo de permitir al Estado una intervención social en casos de derrumbamiento económico (como el presente) y corregir de una vez para siempre la incapacidad para reducir el déficit estructural, que distorsiona la reducción de la deuda. Esa obligación tiene un nombre: reforma fiscal.