Ultraje al Parlament

La agónica mayoría indepe acaba de inferir un múltiple ultraje al Parlament, sumiéndolo en el descrédito (y el ridículo). Y una humillación a los ciudadanos a quienes esta institución debiera representar.

Descrédito político, porque el del viernes fue el segundo pleno consecutivo que resuelve recusar al Gobierno (con quien teóricamente pretende una Mesa de diálogo), reclamar la abolición de la monarquía (para lo que carece de competencia) y de paso demonizar a la oposición, por boca del president.

En este caso, exigiendo la dimisión del Gobierno español a los comuneros vinculados a Podemos —precisamente los más comprensivos y complacientes con el rupturismo secesionista—, por ser “cómplices” (¡!) de los socialistas (¡!) organizando la “huida” (¡!) del exmonarca.

La laminación del prestigio de la institución, también de esta, no solo es por razón de materia, sino también de oportunidad. En el rebrote de la crisis más grave, sanitaria y económica, que han sufrido los catalanes hasta donde alcanza la memoria viva, su máxima representación se niega a discutir en pleno específico de su suerte, de la gestión de residencias y confinamientos, de rastreadores y economías en desplome.

Cualquier tema, mientras sea de responsabilidad ajena, es óptimo para desviar la atención y poner mascarilla a las deficiencias propias. Cualquier asunto en el que no se sea competente, para evitar responder del ejercicio de las propias competencias. Lo que es más grave si estas últimas versan sobre la vida y la muerte, la ruina o la prosperidad.

Y ridículo, porque al final las polémicas e ilegales resoluciones, tramitadas y aprobadas —lo que genera responsabilidad jurídica a la Mesa— fueron al limbo. Al no publicarse en su integridad en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC), no solo quedaron censuradas, por sabio consejo de los letrados (que, claro, no quieren ser procesados por flagrante delito), sino que es el propio Parlament quien pasa a la clandestinidad. Lo que dice decidir lo decide pero al tiempo no lo decide.

Para más inri no es la primera vez que incurre en esta pesadilla fantasmal. Ya la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) se aprobó el 27 de octubre de 2017 en dos piezas (una resolución en voto público; otra, en secreto, en urna) para evitar sanciones; la proclamación del nuevo Estadito iba ¡en la exposición de motivos!; y tampoco se publicó, pues a los padres de la patria les urgía precipitarse al fin de semana, camino de Waterloo. Dos años después ocurrió lo mismo con una moción de la CUP en favor de la autodeterminación, que se adelantó seis horas, a primera hora de la mañana, (11/11/2019) para evitar la avisada prohibición del Constitucional. Esas valentías reducidas a triquiñuelas.

El urdidor del infausto plenario ha sido ahora el president Quim Torra. Acusando a otros, el jefe vicario de la derecha nacionalista corría de paso un velo sobre el goteo exponencial de episodios corruptos propios: la investigación en la Audiencia Nacional de la familia Pujol como presunta “organización criminal”; la ejecución de la sentencia del caso Palau, con los sobornos de Ferrovial a Convergència; la imputaciones judiciales a su aparato por el saqueo del 3% a las arcas de la Generalitat; el procesamiento por corrupción de la presunta Laura Borràs.

Y calentaba las próximas elecciones, que no convoca, intentado hurtar a sus odiados socios de Esquerra la primogenitura republicana. Y obviando que la República del 27-0 no solo fue de facto efímera, sino que de iure jamás nació.